Casi todos sabemos que en el Macizo Colombiano se genera la mayoría del agua dulce de Colombia. Allí nacen los ríos Cauca, Patía, Caquetá y Magdalena. Contribuyen también con el agua dulce los ríos Sinú, León, San Jorge y Riosucio que nacen en el Nudo de Paramillo, ubicado entre Antioquia y Córdoba, y a ellos se les suman el Guaviare, Atabapo y el Inírida en la Orinoquía colombiana, que confluyen en la llamada Estrella Fluvial del Inírida, recién declarada zona Ramsar.
Además del agua que producen, hoy el elemento común entre ellos es que todos, más sus cuencas hidrográficas y las de otros, porque la lista es larga, son contaminados con mercurio. Este daño ambiental tiene origen en la minería criminal.
El mercurio utilizado en ese tipo de explotación minera es aplicado sin ninguna protección para atrapar el oro, lo que forma una amalgama que luego es fundida para separar los dos metales, pero solo es aprovechado el segundo. El otro se va a a la atmósfera y a las aguas de los ríos y quebradas por procesos de relavado, que se suma al que también se vierte en el momento de su aplicación.
Según la Unidad de intervención contra la minería ilegal de la Policía Nacional y la Dirección de delitos contra el medio ambiente de la Fiscalía General de la Nación, en el 70 por ciento del país se presentan actividades ilegales referentes a la explotación de minerales, que usan mercurio para esta explotación.
Con ese panorama tenemos que el 70 por ciento de nuestro ríos, ciénagas y quebradas están siendo contaminados con mercurio, al punto de que un departamento como Antioquia tiene el récord de ser la región más contaminada del mundo por causa del mercurio, seguido, muy de cerca, por zonas del Chocó, Valle del Cauca y la parte de la Región de La Mojana en el departamento de Bolívar.
Uno de los resultados de lo antes expresado, y que ha sido señalado por el presidente Juan Manuel Santos, es que los índices de mercurio que se están encontrando en los peces atrapados en los ríos colombianos han sobrepasado los límites permisibles, tal como lo demuestran, también, las investigaciones del científico costeño Jesús Olivero Verbel, integrante del grupo de Química Ambiental y Computacional de la Universidad de Cartagena, del que hace parte Liliana Carranza.
De manera que la minería criminal con el uso del mercurio, además de estar acabando con nuestro medio ambiente y con nuestra biodiversidad, causa en los colombianos daños en el sistema nervioso, reacciones alérgicas, cansancio, dolor de cabeza y afectación a las funciones del cerebro, degradando la habilidad para aprender, cambios en la personalidad, temblores, cambios en la visión, sordera, incoordinación de músculos y pérdida de la memoria.
Todo indica que los volúmenes de mercurio utilizados en la minería criminal superan las cifras de un estudio de la cadena del mercurio en Colombia, elaborado en 2014 por el Ministerio de Minas-UPME– y la Universidad de Córdoba. Por ello, se recibe con agrado la propuesta que lidera la Presidencia de la República y el Ministerio de Comercio y Turismo de atacar con vehemencia uno de los factores que facilita este grave escenario: restringir, limitar y casi que impedir la importación de este producto.
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