Para la economía de la ley, la vigencia de una ley depende de su costo, el cual es definido como la oportunidad desaprovechada por tener que cumplirla. Es decir, todo aquello que se deja de hacer (trabajo, vida familiar, relaciones sociales, estudio, etc.) a fin de satisfacer las exigencias impuestas por una determinada regulación. Según esta explicación, solo se cumplen las leyes que demanden una cantidad de tiempo e información que sea menor que el beneficio previsto por el ciudadano para cumplirlas.
Por sí solo, esto no tiene nada de malo ni de bueno. A fin de cuentas las valoraciones morales forman parte de la estructura personal de costos y beneficios de cada ciudadano al momento de decidir.
Desde una perspectiva de utilidad individual, el ciudadano se sirve de la ley como un medio puesto a su disposición para tomar decisiones: si la ley exige mucho tiempo, la gente no la cumplirá.
North y Miller muestran que existe una relación inversa entre el costo de la legalidad y el ingreso de la población, de modo que si los costos de oportunidad son menores para los ricos la ley es más barata para ellos que para los pobres. La corrupción es una consecuencia de una mala economía de la ley, pues cuando los costos de la legalidad exceden sus beneficios, la ley se incumplirá.
Obviamente, esto depende de un análisis personal. Habrá quienes harán las cosas prohibidas pero otros no tendrán más remedio que hacerlas en función de su propia valoración. Como señala Enrique Ghersi, el problema no consiste en determinar si la gente es mala o buena, sino a qué precio decide ser mala o buena.
*Directora del IEEC, Uninorte.
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