Prueba plena de que este es un país moralmente anestesiado es la poca importancia que le ha dado a la aparición de los supuestos desaparecidos del Palacio de Justicia.
Según consta en autos, como decimos los abogados, a raíz de un video que ofreció a los investigadores el señor coronel Luis Alfonso Plazas Vega, los parientes de los empleados de la cafetería del Palacio de Justicia se dieron a la tarea de reconocer como los suyos a personas que eran rescatadas, para denunciarlas después como desaparecidas por acción criminal del Ejército.
Esa denuncia ha prosperado ante los jueces, que han condenado a la Nación a pagar muy jugosas indemnizaciones a las víctimas de semejante atropello. No contentos con ese resarcimiento, han logrado que oficiales intachables, el general Arias Cabrales y el coronel Plazas Vega, lleven largos años en prisión como responsables de semejantes detestables crímenes.
No hay prueba alguna de que estos oficiales hubieran tenido algo que ver en las supuestas desapariciones. Pero por la famosa teoría de Roxin, que se aplicó a los oficiales Nazis en Núremberg, los jefes de una organización criminal responden por las atrocidades del grupo, sin que sea menester la prueba de participación directa de los implicados. Se pregunta uno cómo entonces esa teoría no alcanza a los jefes del M19 que no entraron a Palacio, pero que necesariamente conocían el siniestro plan, y que probablemente lo ordenaron. Arias Cabrales y Plazas Vega en la cárcel, y Navarro Wolff y Petro Urrego en libertad y en el poder es algo que no entenderemos jamás. O Roxin para todos o para ninguno, debería ser.
Pero haciendo a un lado tan irritante desigualdad de tratamiento, cuando debiera ser mucho más severo para una banda criminal que para el glorioso Ejército de la Patria, vamos al fondo de la cuestión que ahora nos ocupa.
Las persecuciones y condenas para nuestros oficiales parten de la base de la desaparición de los empleados de la cafetería. Y venimos a descubrir, con pruebas irrefutables, lo que ya sabíamos por indicios invencibles. Y ello era que no había tal ausencia de cadáveres, sino pereza, desvío, culpable negligencia de la Fiscalía General de la Nación.
Después de años de súplicas que se perdieron en el vacío, la Fiscalía empezó a practicar pruebas de ADN a los restos humanos que, procedentes de la tragedia del Palacio, tenía en su poder desde hace 17 años. Y ¡eureka! De los 10 desaparecidos ya aparecieron 3. Otro más, está demostrado, es el cadáver de una señora que ha sido enterrada como si del cuerpo de un magistrado se tratase. Y no lo exhuman, pese a que este ilustre fallecido tuviera, como dice la autopsia, un “útero no preñado”.
La fábula se vino al piso. Desaparecidos eran todos o ninguno. Y no hay desaparecidos. Si la Fiscalía no para su investigación, pues que de Montealegre se puede esperar cualquier cosa, se encontrarán los seis cadáveres que faltan. Son los restos incinerados por el fuego que prendió el M19, de estos desventurados compatriotas asesinados por los que entraron a sangre y fuego a Palacio, siguiendo las órdenes de los jefes guerrilleros y de su socio, el narcotraficante Pablo Escobar.
Estamos moralmente anestesiados. En cualquier lugar del mundo, los oficiales estarían en sus casas rodeados del respeto ciudadano y los jefes del M19 en una cárcel de alta seguridad.
