El reporte del BID “¿Luces encendidas? Necesidades de energía para América Latina y el Caribe al 2040” pronostica para la región una reducción del 17% en la cantidad de energía requerida para generar una unidad de PIB. Esto son buenas noticias sin duda.
Sin embargo, esta mayor eficiencia energética viene acompañada de un incremento de al menos un 80% en la demanda de energía primaria durante el mismo periodo, debido tanto al aumento de la población como al incremento en el consumo energético por habitante. Cómo ha de satisfacerse esta demanda, determinará en buena medida la huella de carbono de la región. Cumplir la meta del Acuerdo de París (COP21) para mantener el calentamiento por debajo de los 20C requiere que la matriz energética regional se reconfigure para darle mayor cabida a las energías limpias.

Las cifras para 2013 indican que el petróleo y el carbón fueron la principal fuente energética para la región, 51% de participación, y para Colombia, 48%. Si bien las fuentes hídricas se consideran limpias en términos de sus emisiones de CO2, los impactos ambientales y sociales que implica la construcción de hidroeléctricas, así como el riesgo que significa una alta dependencia de esta fuente, como nos lo ha recordado el fenómeno de El Niño, apuntan a la necesidad de diversificar la matriz impulsando otras energías renovables, en particular la eólica y la solar.

¿Cómo lograrlo? Uruguay es el mejor ejemplo que tenemos en el vecindario. Mientras en el 2007 la energía eólica era insignificante en la generación eléctrica del país, en 2014 esta aportó alrededor del 17%, convirtiendo a Uruguay en el país del mundo con la mayor generación eólica por habitante.

Esto se hizo posible a través de: reformas regulatorias orientadas a facilitar la viabilidad financiera de los nuevos oferentes, subastas en reversa para los grandes generadores y contratos de largo plazo basados en el costo de generación para los sistemas pequeños; construcción de capacidad técnica; y la garantía de que el sector público compraría toda la energía eólica generada.

De esta manera Uruguay catalizó la inversión privada necesaria para incrementar sustancialmente su capacidad de generación. Lo que el caso de Uruguay muestra es que una transición energética rápida necesita un apoyo decidido del gobierno. El mercado por sí solo no es suficiente para lograrlo.