El 14 de marzo se cumplieron seis años del Voto Caribe, el cual acumuló dos millones y medio de votos en busca de mayor autonomía regional. En la región Caribe hemos tenido una relación agridulce con el Gobierno Nacional. Aunque este ha sido relativamente generoso con el Departamento en los últimos años, permanece el rezago en muchos indicadores sociales y económicos, en parte por la centralización y la inhabilidad del Gobierno Nacional para entender las problemáticas que nos aquejan. Sin embargo, los recientes escándalos que se han desatado dentro del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ilustran claramente por qué el debate alrededor de la centralización no es tan blanco y negro como muchos piensan.
Ya lo vivimos aquí en el Atlántico, donde no se cumplió con un contrato que proveía alimentos para 1.178 niños; y esa es la peor cara posible de la corrupción. Las medidas tomadas para combatir este condenable acto ha sido reestructurar el modelo de contratación y concentrar el poder en manos de la sede nacional. En otras palabras, se centralizó.
¿Por qué estas medidas tan drásticas? En la actualidad, existen unas redes complejas de clientelismo y corrupción en nuestra región, donde muchos políticos locales se apoderan de las arcas de entidades públicas a través de nombramientos de sus allegados: las famosas ‘cuotas políticas’. El caso del ICBF demostró cómo la falta de capacidad y control de gestión resulta en un uso indebido de los recursos y alimenta la percepción de que los políticos se roban todo y no hacen nada. Más aún, esto conlleva a un desencanto con la democracia y un conformismo donde aceptamos que nuestros dirigentes “roben, siempre y cuando hagan las obras”. Son estas redes clientelistas las que alimentan mi escepticismo frente a quienes piden más autonomía y recursos para las regiones. Muchas entidades públicas locales simplemente no tienen todavía la capacidad institucional para asegurar el uso transparente de más recursos. Entonces, ¿qué nos hace pensar que esos recursos adicionales se usarán debidamente? ¿O es que nos conformamos con que roben más pero hagan más? ¿Así de baja es nuestra exigencia?
Eso sí, la implementación de políticas públicas locales suele estar sujeta a una tramitomanía y burocracia abrumadora e innecesaria controlada desde Bogotá, que genera incentivos para la corrupción y los chanchullos. De hecho, en el ICBF las madres comunitarias están desesperadas porque están a la espera de decisiones en Bogotá, lo cual no las deja llevar a cabo su gestión. Comparto los reclamos válidos y justificados de los partidarios de una mayor regionalización, y apoyo los llamados a integrarnos más como región y valorar nuestra cultura caribe, pero la solución no es simplemente más plata para las regiones, por lo menos no aún. Debemos primero desmantelar las redes clientelistas que los políticos locales han diseñado por décadas, y simplificar los trámites burocráticos para desincentivar la corrupción. Solo así se podrá mejorar la calidad de nuestras instituciones locales, maximizar el impacto de las políticas públicas y recuperar la confianza de los ciudadanos. No perdamos el tiempo discutiendo si es culpa del costeño o del cachaco; más bien pongámosle la lupa a la gestión de nuestras instituciones locales, que ahí lo que hay es tela para cortar.
juanfelipecelia@gmail.com
