Mucho se ha hablado del impacto económico positivo que traerá la renovación de carreteras en el país (las carreteras 4G), una iniciativa altamente bienvenida en un país con tan evidentes retrasos en infraestructura. Más discutida aún ha sido la fuente de los recursos (privatización de Isagén), lo inequitativo de su provisión privada, y los escándalos de corrupción en los múltiples frentes de obra.

Pero la pregunta más fundamental de cuál es la mejor forma de proveer las obras mismas no ha sido seriamente debatida en este país desde los años ochenta.

Esta es una cuestión que no ha pasado desapercibida para varios analistas nacionales (en especial el profesor Yuri Gorbaneff), y sin embargo no ha habido modificaciones significativas del esquema creado en los años noventa (Ley 80 de 1993).

Dicho marco regulatorio pretende que a partir de un conocimiento exhaustivo de las funciones de costo ex-ante a las obras, se puedan redactar contratos completos de concesión de estas, los cuales a su vez se subastan a aquellos concesionarios que garanticen los mejores precios posibles.

En la práctica dicho conocimiento es más bien incompleto, y para conseguir oferentes el gobierno ha estado dispuesto a su vez a elaborar contratos incompletos que requieren una costosa renegociación posterior (el túnel de La Línea viene a la mente como un ejemplo típico).

La cuestión es que bajo condiciones de información incompleta, la concesión de infraestructura no es necesariamente más eficiente que la provisión directa por parte del Estado, o dicho en otras palabras, los costos de transacción pueden ser tan altos que compensen los costos internos (burocracia, corrupción) de la construcción directa por parte del Estado.

Ese es el supuesto que está detrás de la posición que ha mantenido la tecnocracia oficial sobre el tema, pero que nunca ha sido demostrado o calculado por ningún analista o consultor.

Bienvenida sea la construcción de nueva infraestructura en un país con tan evidentes carencias en esta materia. Pero más allá de los escándalos de corrupción, la controversia reciente sobre la privatización de Isagén, y las posibles injusticias distributivas de la infraestructura concesionada, no se ha dado la discusión de fondo sobre el cómo realizar (y administrar) cada una de las obras públicas.

*Profesor del IEEC, Uninorte. Las opiniones expresadas aquí son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen la posición de la Universidad ni de EL HERALDO.