El exministro Amylcar Acosta prendió las alarmas. Su inquietante advertencia –que supongo está fundamentada– dice que Electricaribe no podrá atender el pasivo financiero, no podrá pagar las compras de energía y que se hace inminente un apagón, o al menos un fuerte racionamiento en la Costa Caribe. Las quejas, reclamos, paros, asonadas se vienen presentando desde hace muchos años. Los parlamentarios asumen posiciones, los gobernadores y alcaldes igual, hasta el presidente Santos promete soluciones y, al contrario, tampoco pasa nada.

Ahora la solicitud generalizada es la intervención estatal. Lo piden casi todos sin pensarlo mucho ni medir las consecuencias que traería una acción como esa. Tengo claro que papá gobierno, se meterá la mano al dril, porque no va a dejar que un default de Electricaribe produzca un apagón a los usuarios pero lo que tendrá que hacer es de gran envergadura. Significaría, además, que el operador propietario de los activos de distribución de energía del Caribe colombiano, tendría una excusa válida para retirarse sin pena ni gloria del negocio, entregando también los pasivos que ahora sí no podría atender.

El componente político y las derivaciones que vendrían detrás de una acción de ese tipo son difíciles de medir, pero no le daría mejores opciones a la prestación del servicio. Por otra parte, disminuir las desmadradas “pérdidas negras” no se logra con solo cambiar de operador; hay que tener en cuenta la cultura de nuestro pueblo que ya se acostumbró, si tiene la oportunidad, a pegarse a la línea y utilizar energía gratis. Preocupa que estas conductas desvergonzadas no ocurren solo en los barrios subnormales, sino que aun usuarios de estratos altos alteran contadores y tienen líneas “alternas”.

También es de público conocimiento que entidades estatales no pagan la energía y tienen deudas millonarias por ese concepto. Entre lo no facturado y la cartera “pegada” encontramos más del 20% de la potencial facturación, de manera que el operador no hace las inversiones que debe hacer para prestar un buen servicio y muchos usuarios no pagan porque no reciben la atención adecuada, generándose un círculo vicioso inmanejable.

Es menester que el estado no asuma soluciones inmediatistas y costosas. En lugar de poner cuantiosas sumas para comprar la energía que el operador no tendría cómo adquirir, acuerde pagar lo que debe al operador y exija el cumplimiento de las inversiones necesarias para lograr, con plazos razonables y sanciones ejemplares ante incumplimientos, que no haya un motivo más para que la comunidad se vaya contra el gobierno.

Sin olvidar que es responsabilidad del prestador del servicio adelantar las acciones necesarias para la disminución de las pérdidas, en esta emergencia el Estado debe coadyuvar con esos propósitos en una situación que dejó progresar y de la que es el responsable.

En tiempos de acuerdos y reconciliaciones creo que siempre es mejor un mal arreglo que un regular pleito en el que al final el estado sería el perjudicado. No olvidemos que, de todos modos, los recursos saldrán de todos nosotros.