Hasta el 4 de noviembre el flagelo de la desnutrición en el departamento de La Guajira había cobrado –ojalá que no haya más muertos– la vida de 69 menores de edad indígenas wayuu, incluso recién nacidos, tal como lo ha informado EL HERALDO. Esto ha permitido que esa zona del país se dé el deshonroso lujo de tener la tasa más alta de muerte de niños menores de 5 años fallecidos por desnutrición por cada 100.000 habitantes, sin contar la mortalidad perinatal y materna.
Cifras del Instituto Nacional de Salud a junio de 2016 indican que la tasa de mortalidad por desnutrición aguda en La Guajira aumentó un 50% entre 2011 y 2015, ya que de 100 niños menores de 5 años muertos en Colombia, el 30% son de este Departamento, cuyas madres, en un 82,2% de los casos, registran bajo o ningún nivel educativo y el 88,1% pertenecen al estrato socioeconómico uno.
En 2014, según una muestra del Bienestar Familiar y la fundación Juan Felipe Escobar, había en territorio guajiro 2.223 niños menores de 5 años con problemas graves de desnutrición; en 2015 fallecieron por esa misma causa 38 niños.
Esa cruda realidad ha llevado a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le haya impuesto desde el año pasado a las autoridades de La Guajira y al Gobierno Nacional medidas para atender de manera urgente la crisis humanitaria que vive dicha población.
Lo mismo hizo la Corte Constitucional, mediante la Sentencia T-466 de agosto 30 de 2016, con el fin de asegurar el disfrute de los derechos a la salud y la alimentación adecuada de los wayuu, sobre todo sus niños.
A pesar de lo anterior, y de la orden impartida por el presidente Juan Manuel Santos desde febrero, estas muertes no paran. Muchas pueden ser las causas, entre ellas las asociadas a los motivos que justificaron, hasta ahora, las 34 capturas realizadas por la Fiscalía de operadores, proveedores y funcionarios que tenían a cargo la contratación de los programas de alimentación a la comunidad indígena.
Mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Constitucional y el presidente Santos ordenan la actuación de las autoridades para acabar con el horror de la muerte por desnutrición de 7 niños guajiros al mes, el Congreso de la República, en contraste de lo anterior, discute un proyecto por medio del cual se expide la Ley General para el Manejo Integral al Sobrepeso y la Obesidad.
Los Representantes a la Cámara Margarita Restrepo Arango y Cristóbal Rodríguez Hernández, citando cifras mundiales y modelos de alimentación de Dinamarca, España, Francia y Suecia, consideran que le corresponde al Estado, desde lo nacional hasta lo municipal, incentivar y promover la producción, consumo y distribución de frutas, verduras y vegetales en cantidades recomendadas para evitar la obesidad y el sobrepeso.
Si algunos de nuestros parlamentarios consideran que la muerte por desnutrición de nuestros niños guajiros es menos importante que la obesidad que seguramente padecen los operadores, proveedores y funcionarios a cargo de la contratación de los programas de alimentación denunciados por el ICBF y capturados por la Fiscalía, podríamos llegar al contraste que estos y quienes los apoyan, terminarán recibiendo a cambio de su conducta criminal, tratamientos con frutas, verduras y vegetales que les rebaje la obesidad, mientras la muerte sigue haciendo de las suyas con los infantes de La Guajira.
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