Si bien se tienen todavía muchos retos por delante, existen importantes avances frente a este tema. Frente a esta premisa nos preguntamos ¿de qué manera las políticas públicas han permitido avanzar en la realización de los derechos de las niñas y los niños en Colombia?

Dentro de los avances más destacados en términos normativos internacionales, los Convenios 138 (referido a la edad mínima para trabajar) y 182 (referido a las peores formas de trabajo infantil) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), han sido ratificados por las leyes colombianas. Asimismo, se resalta el posicionamiento que han tenido dos conceptos fundamentales promovidos en las políticas públicas de infancia: corresponsabilidad y protección integral a todos los niños, niñas y adolescentes, gracias al Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006).

Desde la perspectiva de los retos hacia el futuro, a pesar de los avances significativos que el país ha tenido, luego de tres planes de acción y una estrategia nacional para la prevención y erradicación del trabajo infantil por parte del gobierno, aún existen más de un millón de niños, niñas y adolescentes trabajando, situación que presenta brechas en la tasa de trabajo infantil rural (15.6%) en comparación con la observada en zonas urbanas (6.7%), según las más recientes estadísticas del Dane.

A fin de definir las acciones más eficaces para avanzar en la lucha contra esta problemática, es fundamental conocer y replicar las experiencias de otros países relacionadas a ella. La OIT y el Ministerio del Trabajo organizaron este mes un foro internacional, el cual a partir de estas experiencias se movilizó el debate alrededor de los retos y oportunidades que representa el desarrollo rural en el país, así como la necesidad de impulsar las alianzas público-privadas que permitan acelerar una solución para acabar con este flagelo.

El trabajo infantil puede concebirse como una puerta de entrada desde la cual se reflejan otras precariedades que reflejan fallas estructurales del mercado laboral como las “trampas de pobreza”, entendidas como la imposibilidad de generar mejores condiciones de vida puesto que los ingresos en los hogares se encuentran por debajo de la línea de pobreza. Esta situación impide que los niños y niñas puedan tener acceso a oportunidades de educación, lo que es más prevalente en zonas rurales.

Asimismo, para garantizar el goce efectivo de los derechos de los niños y niñas, se requiere reforzar el dialogo social entre el gobierno y diferentes actores estratégicos, como el sector privado, las organizaciones de trabajadores, las organizaciones no gubernamentales y académicos.

Finalmente, si bien persisten importantes desafíos respecto a esta problemática, aún tenemos la oportunidad de reforzar el compromiso país para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible con metas al 2030 adoptado por las Naciones Unidas, y en particular la meta 8.7 que fija poner fin al trabajo forzoso y trabajo infantil para el 2025.

*Coordinadora Nacional del Proyecto para la Erradicación del Trabajo Infantil de la OIT en Colombia.