Quién está asesinando a líderes sociales y activistas de izquierda en Colombia? Según el movimiento Marcha Patriótica, 129 de sus integrantes murieron violentamente en los últimos cinco años. Una ONG dedicada a monitorear el problema contó más de 80 casos en 2016. Van cinco en lo poco que va de este año.
Sobra decir que el Estado tiene la obligación de proteger la vida de estos ciudadanos tanto como la de cualquier otro. Pero en este momento del devenir nacional, tras la firma de un acuerdo de paz cuyo objetivo es acabar la violencia política que ha marcado la historia del país, el asesinato sistemático de activistas de izquierda, muchos de ellos campesinos o habitantes de barrios marginales —es decir, muchos de ellos víctimas de pobreza y exclusión—, reviste una gravedad adicional. Colombia tiene en su prontuario la mancha del paramilitarismo y del exterminio de la Unión Patriótica. La credibilidad del proceso de paz, y la del Estado mismo, dependerán de la capacidad de este de proteger, en particular, a quienes no han hecho parte del establecimiento político tradicional.
No basta en esta ocasión —ni en ninguna otra— apelar a los vagos eufemismos de siempre: atribuir los crímenes a “fuerzas oscuras”, a “manos negras”, explicaciones que no explican nada. No, aunque existan causas estructurales de criminalidad en las sociedades, la violencia, al final, siempre tiene nombre propio. Es obligación de las autoridades explicar los hechos, identificar a los culpables y condenarlos.
No obstante, las explicaciones rara vez serán sencillas o evidentes. La violencia colombiana está ennegrecida por los cuatro materiales impuros de nuestro conflicto: plata, poder, droga y tierras. No obedece a impulsos fácilmente atribuibles a diferencias étnicas, religiosas o políticas, como en otras partes del mundo. No procede en nítidas relaciones de causa y efecto como las que conocemos de las películas de héroes y villanos.
A veces, por ejemplo, las balas vienen de donde menos se esperan. En dos casos recientes, los crímenes no parecen haber sido cometidos por las fuerzas oscuras de la derecha, sino por la mano siniestra de las Farc. En Caquetá, según familiares de una de las víctimas, dos disidentes de la guerrilla fueron asesinados por sus excompañeros, “para callarles la boca”. Un miembro de ese grupo, según un testimonio de las propias Farc, sería culpable del infame asesinato de la líder social bonaverense Emilsen Manyoma y su esposo. Y el Partido Comunista colombiano acusa al ELN de estar detrás de la muerte de varios de sus integrantes.
Vengan de donde vengan, el Gobierno debe intervenir de inmediato para detener y esclarecer esos crímenes. Y, amén de las exigencias que justamente han hecho sectores de la izquierda, lo deben exigir también, desde la otra orilla, sus opositores ideológicos, representados principalmente por el Centro Democrático y por los líderes de la campaña por el ‘No’ en el plebiscito. Es la oportunidad de demostrar que su compromiso con la paz y la seguridad es integral: no solo para las personas afines al establecimiento, no solo para empresarios, no solo para la clase media urbana, sino para todos los colombianos. Incluso —no, en especial— para quienes piensan diferente.
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