La semana que culminó ayer fue importante para la vida de los colombianos. Quiérase o no, el país entró en una situación de posconflicto. Esta realidad requiere de todos los actores, que lleven a obtener estrategias concertadas de desarrollo en búsqueda de una sociedad igualitaria y consciente de la existencia de brechas, que deberán eliminarse para lograr un cambio estructural en el aparato productivo rural.
La concentración de la propiedad rural es uno de los principales problemas que hoy posee el país para enfrentar la transformación productiva rural con equidad. Para un marco de referencia, el país con mayor grado de concentración de la propiedad rural, es Barbados (0,94); y los más equitativos Noruega (0,18), Finlandia (0,26) y Suecia (0,27).
Colombia, con 0,88, se constituye en el cuarto país de América Latina, con un elevado índice de concentración de la propiedad rural, solo antecedida por Paraguay (0,93), Brasil (0,87) y Perú (0,86). Según el CEDE—Universidad de los Andes—, el índice de Gini rural del país pasó de 0,74 a 0,88 en la primera década del presente siglo, siendo Córdoba y Caquetá los que presentan mayor concentración de la tierra.
Hoy con posconflicto, es de mucha utilidad repensar la política productiva del país, y sería asertivo hacerlo bajo los preceptos de una política industrial rural, que transforme la economía rural campesina, donde no solo se vea la agricultura como proveedora de insumos a la industria.
En un estudio realizado por los profesores del IEEC de la Universidad del Norte, se determina que el efecto multiplicador de las actividades económicas encadenadas productivamente en los departamentos del Caribe colombiano, es significativamente importante para el resto de la economía regional. Por cada peso invertido en la industria manufacturera de Atlántico y Bolívar, se genera un efecto multiplicador en el producto de toda la economía departamental de $1,33 y $1,65, respectivamente.
Con respecto a la actividad agrícola, las cuentas apuntan a un multiplicador regional del producto promedio de $1,12, siendo Atlántico y Bolívar los que mayores multiplicadores generan, dadas sus características de territorios que agregan valor a los productos del campo. Lo anterior permite vislumbrar una salida para el desarrollo sostenible de las áreas rurales del país, y particularmente para los territorios de paz.
El objetivo es construir una política industrial rural de largo plazo, que promueva la articulación de actividades económicas in situ, en consonancia con su efecto multiplicador en el resto de la economía colombiana, en la perspectiva de transformar los territorios rurales con aglomeraciones económicas que permitan la equidad distributiva.
*Profesor del IEEC, Uninorte. Las opiniones expresadas aquí son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen la posición de la Universidad ni de El Heraldo.
