Las cifras reveladas en el diagnóstico sobre la operatividad del Sistema Penal Acusatorio, SPA, en Barranquilla no preocupan. Asustan. Y no se trata solo de los altos índices de delincuencia –ciertos y escandalosos–, o de la presunción de corrupción del poder judicial –de la cual se habla en todas partes y hay muestras por doquier–. Se trata del procedimiento que se emplea. De la herramienta con la que cuenta la justicia, y sus falencias al implementarse y operar.

Los detalles se dieron a conocer durante un reciente conversatorio con periodistas de Barranquilla y funcionarios de diferentes instituciones. Fue convocado por Protransparencia, y esos detalles parecen de mentira. Hay un investigador para cada cuatro fiscales. ¿Lo puse bien? ¿Cuatro por uno? Y los números siguen y uno no puede concebir que se trate de una de las tres ramas del poder público en un Estado social de derecho organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran, etc., etc., etc.

Parece inverosímil, pero nada más hay que ver la cara de los jueces atribulados por los discos duros de sus computadores, a punto de estallar con procesos no fallados o tutelas no respondidas. O el rostro de los secretarios, escribientes o notificadores –enfermos algunos, neurotizados otros– por la pesada carga laboral que llevan sobre sus espaldas y el ojo vigilante de la Procuraduría y el Consejo de la Judicatura, que a su vez también tienen un fardo de procesos en sus escritorios.

¿Quién le pone el cascabel a ese gato? Los jueces se quejan de la presión de la Fiscalía General; la Fiscalía a su vez dice que hay corrupción –lo cual es cierto, ejemplo del ratón cuidando el queso del ex fiscal Anticorrupción Luis Gustavo Moreno–; los abogados litigantes critican la impunidad, la ineficiencia y la falta de idoneidad, y la ciudadanía, a todo lo anterior, sumándole falta de confianza en los jueces, que implica descrédito de las instituciones.

Los números no alcanzan en esta columna: 4.800 casos para un investigador al año. Con una serie de factores que van desde la dilación en primer lugar, hasta la intimidación en el último, pasando por la extensa duración de los procesos, la deficiente infraestructura, la falta de conocimiento de algunos funcionarios, la normatividad inapropiada y los costos de los procesos. Se necesitan más recursos, reformas en algunas normas, capacitación debida y educación, mucha educación para que la gente resuelva en paz sus pequeños conflictos y los grandes los concilie con rapidez.

El informe de Protransparencia muestra comparaciones dignas de El Proceso, de Kafka. De un Kafka criollo que entre 2010 y 2015 recibió 417 mil 870 demandas, tiene 121.275 procesos sin actuaciones ni cambios, concluyó 217.159 y mantiene en trámite 79.456. Las cifras son tan absurdas en los comparativos, que si fuese un libro contable de una empresa la quiebra sería inminente.

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