El 19 de julio pasado los habitantes de La Guajira, Magdalena y Atlántico amanecieron sorprendidos con el hecho de que las aguas del Mar Caribe, de manera inusual, subieron de nivel, inundaron las costas, calles, sitios turísticos, entre otros lugares, de algunos de sus municipios y corregimientos.

De manera inmediata surgieron interrogantes sobre las causas que motivaron que el mar, sin más allá y sin más acá, se retirara de sus habituales costas y regresara a los pocos segundos. Las repuestas fueron variadas, como que era el comienzo de un castigo divino, razón por la cual muchos se fueron corriendo a rezar hasta la orilla del mar. Otros, incluso, reclamaban por qué no les habían advertido de tal fenómeno, sobre la base de que las autoridades debían haberlo predicho.

Retornada la calma, o más bien vuelto el mar a su lugar habitual, por lo menos al que ha ganado por causa de la erosión y que tenía antes de las 8:00 a.m. de ese día, nos fuimos enterando de explicaciones fundamentadas: gran parte del litoral Caribe fue golpeado por una “pequeña onda de tsunami”, causada, muy probablemente, por un derrumbe submarino que ocurrió a casi 200 kilómetros de las costas del Magdalena y Atlántico. Uno de los indicios de lo anterior fue la ruptura de cuatro de los diez cables submarinos que hay en esa zona.

El Caribe colombiano, que tiene un espacio marítimo de 589.560 km² y una línea costera de 1.642 km sobre la cual hay nueve departamentos (Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina; Guajira, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, parte del Chocó y algo de Antioquia), no está, ni nunca ha estado, exento de un tsunami, tal como lo ha venido afirmando por años el geólogo y máster en geomorfología de la Universidad de Leiden (Holanda), Édgar Carrillo, quien desde hace 28 años trabaja para el Servicio Geológico de Colombia.

La afirmación de Carrillo es ratificada por el Protocolo Nacional de Detección y Alerta de Tsunami, elaborado en 2016 por el Sistema Colombiano de Gestión del Riesgo de Desastres, del cual el Sistema Nacional de Detección y Alerta de Tsunami (SNDA) es una de sus instancias. Ahí se expresa que la amenaza de tsunami para Colombia se encuentra en las tres zonas costeras, dos continentales (Océano Pacífico y Mar Caribe) y una insular (Archipiélago San Andrés y Providencia) que están expuestas a tsunamis de origen cercano, regional y lejano.

La posibilidad de que la Región Caribe sea afectada por este tipo fenómeno siempre estará presente, ya sea por terremotos que pudieran originarse en la Falla de Oca, ubicada al norte de la Sierra Nevada y que llega hasta el departamento de La Guajira y su frontera con Venezuela, o en la falla de Bucaramanga -Santa Marta, o por deslizamientos de tierra submarinos, reacomodamiento de rocas en la corteza oceánica o derrumbes costeros de montañas y hasta por meteoritos.

Nada podemos hacer para evitar un tsunami, pero sí mucho para coordinar las atenciones que se requieran en caso de que ocurra. En donde más debemos actuar, y ya es hora, es en desarrollar una estrategia que invite u obligue a tener una infraestructura de protección costera para las vías y las edificaciones que están en la línea de playa, acompañada de planes de urbanismo que tengan en cuenta el riesgo latente de afrontar un efecto ambiental como el ocurrido en el Caribe, del que nadie puede decir que no volverá a repetirse.

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