Lo de Electricaribe no es un problema fácil. Comenzando porque para dimensionarlo responsablemente debemos sumar a los $5,3 billones del Plan 5 Caribe (P5C), los $2,5 billones de deuda al momento de la intervención de la Superintendencia a finales del año pasado, los $1,2 billones del pasivo pensional, los $1,5 billones proyectados para deshacer el rezago de más de 5 años en mantenimiento de las redes locales y finalmente los $0,5 billones estimados para la normalización de cerca de 310.000 usuarios, todo lo cual resulta en un impactante total de $11 billones de pesos.
El primer gran dilema es ¿de esa suma quién paga qué? Sabemos que los contratistas del P5C recuperarán su inversión contra el componente respectivo de la tarifa del kW-h. Entonces la mitad del P5C lo pagaremos entre todos los consumidores de energía del país, pues corresponden al Sistema de Transmisión Nacional y la otra mitad la pagamos los usuarios de la Región Caribe, pues corresponden a los Sistemas de Transmisión regional y local.
Lo equitativo sería que los $5,7 billones, correspondientes a los rubros restantes, los pagaran entre el nuevo operador y la nación. El operador bien sea indirectamente a través del pago que haga por el negocio, o, si este quedara en manos de un grupo de acreedores, a través de la capitalización de su deuda. Y la nación porque fue el Gobierno nacional de turno el que veinte años atrás escogió el camino que nos condujo hasta este desfiladero. Además, la Región Caribe tiene un quinto de la población del país y consume, por razones climáticas, un cuarto de su energía, pero incluye un tercio de los pobres del mismo y no sería razonable que tuviera que asumir una porción aún mayor de todo ese costo, salvo los $190.000 millones que le adeudan municipios y departamentos a la empresa.
Otros dilemas no son de menor complejidad: ¿Rápido o con calma? La urgencia es obvia debido a que las redes seguirán deteriorándose hasta que no haya alguien responsable de invertir en su arreglo. Pero realizar un proceso internacional con toda la transparencia podría llevar el cronograma hasta mediados del próximo año y nos dejaría ante la realidad política de un nuevo Gobierno, lo que pone en riesgo la oportunidad de la implantación de la solución. Entonces, ¿se opta por una solución temporal, más rápida, dejando la definitiva para varios años después? En cuyo caso en aras del pragmatismo ¿se limita la participación a jugadores nacionales? Y si entre estos no hay quien se le mida a toda la región, ¿se dividiría esta o se mantendría su integridad?
Por último, pero no menos crucial para la viabilidad financiera y sostenibilidad de la solución, se requiere abrir, a través de actos legislativos, ejecutivos o normativos, la posibilidad de que el nuevo operador pueda generar al menos la mitad de la energía que requiere la Región.
rsilver2@aol.com
