Colombia enfrenta una serie de reformas constitucionales que bien pueden fortalecer puntos débiles de nuestra democracia, o que por el contrario pueden generar mayores escenarios de exclusión y corrupción. Con ocasión al debate que se adelanta en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes frente a la reforma política –la cual ha sido presentada por el Gobierno en cumplimiento del Acuerdo de Paz– es importante resaltar algunas iniciativas positivas para el fortalecimiento del sistema electoral y el financiamiento político, y cuestionar otras que debilitan algunos puntos fuertes de nuestra Constitución.
Se aplaude la creación de una Corte Electoral, pues a pesar de las fuertes críticas que ha recibido esta propuesta desde el Consejo de Estado, la puesta en marcha de un derecho electoral autónomo, tal como lo ha manifestado el consejero Alberto Yepes, robustece el proceso de pérdida de investidura y facilita la celeridad en procesos electorales, hecho que evita escenarios costosísimos para la Nación, como las comunes elecciones atípicas en entes territoriales. En este mismo sentido es importante que se mantenga la propuesta de la Misión Electoral Especial (MEE) creada por mandato del Acuerdo, en lo que se atiene a que la sanción disciplinaria de destitución de funcionarios de elección popular sea impuesta o avalada por el juez electoral, hecho que si bien le resta poder a la Procuraduría, propende por la garantía del régimen de derechos humanos y el cumplimiento del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Un punto novedoso –y que podría modernizar los mecanismos de participación ciudadana– es la alternativa que se propone de poder recolectar apoyos por medios digitales para iniciativas ciudadanas. En el debate que se adelantó la semana pasada se manifestó oposición de algunos representantes por la posible filtración de dineros ilícitos a través de plataformas digitales. Nada menos cierto que dicha afirmación que desconoce las nuevas tendencias de tecnologías que fortalecen la democracia y la transparencia, dado que el financiamiento político digital, lejos de avalar malas prácticas, puede permitir que bajo la exigencia sobre información detallada del aportante se tenga claridad total de quienes han respaldado políticamente estas iniciativas. Es un escenario maravilloso para que quienes tengan iniciativas puedan recibir soporte de personas alrededor de todo el país y lograr sanos apoyos para darle un giro a los mecanismos de participación ciudadana tan escasamente empleados en el país.
Ahora, no todo es color rosa. La propuesta que fue presentada por la MEE fue desdibujada en muchos aspectos en la Cámara de Representantes, por lo que se desconoció la seriedad de un equipo académico que buscaba la apertura de la democracia y evitar patrones de la política colombiana como la perjudicial personalización y el clientelismo. Según Elisabeth Ungar, ex directora de Transparencia por Colombia y miembro de la MEE, el proyecto que está debatiéndose en Cámara debilita el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, eliminándose causales de pérdida de investidura y también de conflictos de interés.
Hay que mirar con lupa la reforma, de modo que en ningún momento se desconozca el espíritu de la Constitución del 91, que buscaba una democracia participativa donde las iniciativas ciudadanas son determinantes.
@tatidangond
