El dilema es tan antiguo que su formulación más célebre viene del latín: Quis custodiet ipsos custodes?, lo que, traducido, sería “¿Quién custodia a quienes nos custodian?” o “¿Quién vigila a los vigilantes?”.
Esa inquietud explica la necesidad de que los estados tengan separación de poderes —para que una sola persona o institución no tenga poder omnímodo— y los llamados pesos y contrapesos —que hacen que cada rama del poder controle a las otras dos—. Así lo estipulan las constituciones modernas. El policía, el parlamentario, el presidente: todos tienen poder, pero ¿quién controla que lo ejerzan correctamente?
La pregunta es crítica en la actual situación del país, en la que dos expresidentes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) están a punto de ser investigados por presuntos sobornos para favorecer acusados.
¿Qué juez juzga al juez supremo? En Colombia, al menos, primero lo investiga la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Luego, la Cámara en pleno decide si formula o no acusación contra el sindicado. Si lo hace, los delitos políticos los juzgará el Senado; los demás delitos, la CSJ.
Todo eso podría funcionar más o menos bien si no fuera porque la CSJ es, a su vez, la encargada de investigar y juzgar a senadores y representantes cuando estos cometen alguna falta. Y la CSJ ha ejercido esa función decenas de veces, mientras que la Comisión de Acusaciones, salvo en el caso reciente del exmagistrado Jorge Pretelt, no ha sido capaz de acusar ni a Ernesto Samper en 1994.
Por temor a las represalias que la CSJ pueda tomar contra sus miembros, o por los “hagámonos pasito” entre magistrados y parlamentarios, o por soborno ramplón, el Congreso ha sido reacio a actuar contra las cortes. Tantos congresistas tienen rabo de paja que prefieren no agitar mucho las aguas, no vaya a ser que la ola se devuelva y los vuelque a ellos.
El sistema, evidentemente, necesita reformarse. Y eso se intentó en 2015 con la llamada “reforma de equilibrio de poderes” (que, hay que decirlo, tenía muchos defectos). Pero la Corte Constitucional (CC) falló a favor de una demanda interpuesta por el entonces fiscal Eduardo Montealegre y hundió las modificaciones.
Lo que nos trae de vuelta al punto de partida: ¿quién vigila a nuestros vigilantes? El Gobierno, tardíamente y bajo presión de una ciudadanía asqueada y escandalizada, está considerando crear, vía fast-track, un tribunal especial “de aforados”, que fue lo que tumbó la CC. La idea, en principio, no es mala. Pero, a mi juicio, tiene tres inconvenientes.
El primero es que, como he dicho varias veces, no debemos usar el fast-track para asuntos que no guardan relación con el acuerdo con las Farc. El segundo es que simplemente crear un nuevo tribunal no garantiza nada. ¿Qué impedirá que los vigilantes sigan amenazados por sus vigilados (y “del mismo modo y en sentido contrario”) y sigan tapándose unos a otros? El tercero es que queda intacto el eterno dilema con el que comienzo esta columna: ¿a quién le rinden cuentas los integrantes del nuevo tribunal?
La cirugía constitucional que se requiere es muy delicada. Pero algo hay que hacer, porque la alternativa que está sonando, una asamblea constituyente, puede ser peor aún.
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