El Gobierno, enredado en su falseada interpretación de la realidad, hoy se encuentra entre el temor a la descertificación y el incomprensible temor de Santos a incumplir sus compromisos con las Farc. Sin embargo, el narcotráfico le ha hecho tanto daño al país, que el Gobierno no debería reaccionar por temores, sino con políticas de Estado, soberanas y de largo aliento.

Desde los incuestionables resultados del Plan Colombia y la Seguridad Democrática, con 61.800 hectáreas de coca en 2010 y un programa de erradicación que permitió llegar a 47.800 en 2012, las relaciones con Estados Unidos se ‘desnarcotizaron’ para abordar otros temas como el comercio. Ocho años después, al cabo de las administraciones Obama y Santos, la lucha contra las drogas vuelve al primer lugar en la agenda bilateral, con el memorando de Trump y su advertencia de descertificación.

El Gobierno se declara sorprendido, y yo me pregunto de qué. Según la Oficina de Drogas de Naciones Unidas, durante los 4 años de negociación con las Farc llegamos a ¡146.000 hectáreas!, aunque la medición del Departamento de Estado, en la que creo más porque están poniendo plata, es de ¡188.000 hectáreas!

Fue crudo el diagnóstico del secretario y exembajador Brownfield: “…se concentraron en los últimos seis años abrumadoramente en las negociaciones de paz (…). Y, además, creo que concluyeron que para llegar a un acuerdo de paz con éxito, ellos necesitaban a las Farc en temas relacionados con las drogas”.

Eso no es un secreto. Con la iniciación de las negociaciones, el esfuerzo de erradicación se fue al piso hasta la prohibición de la aspersión aérea en 2015, una exigencia fariana, así el Gobierno insista en su argumento de la inclusión del glifosato, el herbicida más utilizado en la agricultura mundial –acabo de aplicarlo en mi finca–, en los listados de la OMS como potencial cancerígeno.

Semejante ‘bajada de guardia’, mientras se negociaba la política antidrogas con el principal cartel del país, se disfrazó con programas limitados de erradicación forzosa y de sustitución, rechazados en muchas regiones por las comunidades. Pero las cifras no mienten: según las del Observatorio de Drogas de Minjusticia, mientras en 2010 se erradicaron manualmente 43.800 hectáreas y se asperjaron 102.000, en 2016 apenas se erradicaron ¡17.600 hectáreas!

Lo fácil es rasgarse las vestiduras y convertir, a lo Maduro, una justificada advertencia en amenaza intervencionista, buscando despertar antiimperialismo y respaldo popular. Lo cierto es que el Gobierno no debería actuar por temor a la descertificación ni bajo la presión de las Farc. El país debería tener una política antidrogas, concertada con Estados Unidos como financiador, pero soberana en sus decisiones. Hoy la tiene. Es el punto cuarto del Acuerdo negociado con las Farc.

Sin comentarios.

@jflafaurie