Los elementos que en forma por demás anónima o cuasi anónima del llamado código de Policía levantaron una polvareda al disponer en una de sus páginas que la seguridad del espectáculo del fútbol profesional colombiano sería a partir de la aprobación de ese documento público por cuenta de la Federación Colombiana de Fútbol y su inmediato colaborador, la llamada Dimayor.
Por supuesto, tenían que estallar las protestas de los sectores más afectados por la medida, porque la innovación le traería un gasto enorme en el campo particular a quienes dirigen el fútbol profesional en nuestro país, con la suficiente erogación económica para atender un gasto que se calcula de fuerte desenvolvimiento económico.
La modificación al gasto de atender el manejo del público en los estadios siempre ha sido una norma obligatoria de las autoridades oficiales, y no es de la noche a la mañana que se puede dictar una norma obligatoria, para que pasara de obligación oficial a iniciativa particular.
En este caso de un traslado de gasto de la oficialidad a las autoridades particulares del fútbol, los dirigentes afectados en forma tan directa y concreta del oficialismo al particularísmo, de golpe y por raso callaron las partes aludidas. ¿Qué ha pasado entonces? ¿Por qué se ha pasado de la gritería inicial a un silencio que no se justifica por ninguna parte? ¿El oficialismo ha callado de repente la ventilación del problema y otro tanto se puede palpar por los lados particulares del fútbol?
Habrá que esperar una ventilación discreta del problema, a ver cuál sería la solución más adecuada: el estado ha ‘recogido velas’ y discretamente sigue aportando la vigilancia del orden público en los estadios o es que hay otra solución que nadie conoce hasta ahora.
Habrá que esperar que las autoridades oficiales y particulares adelanten conversaciones -como seguramente están adelantadas en forma discreta y poco ruido- para ver qué solución final se adopta. Mientras tanto, tal parece que las cosas siguen andando como en las épocas de antaño.
