La Constitución Política colombiana expresamente prohíbe la pena de muerte. Sin embargo, se escuchan voces que plantean la pena de muerte, como sanción a corrompidos: sexuales, misóginos y corruptos de la administración pública, etc.
Cifras de Amnistía Internacional indican que, en 2016, hubo 1.032 ejecuciones en todo el mundo. EEUU es el séptimo país con más ejecuciones y por primera vez desde 2006, no está entre los cinco primeros del orbe. Se condenaron a muerte 3.117 personas y 141 países, más de las 2/3 de los países del mundo, son abolicionistas en la práctica.
Interpretando ésta cifras arribamos a la conclusión, que paulatinamente los pasos del mundo, van encaminados por fortuna a la abolición total de la pena de muerte, como castigo de los más aberrantes delitos. No obstante, en Colombia se condena de hecho a “pena de muerte”, por falta de óptima administración de los servicios a cargos del Estado, tales como: justicia, seguridad social y servicios de salud, entre otros.
También se mata por lo que se piensa, por el color de la piel, por sexo, y coloquialmente hablando, se asesina por un celular o por “cien pesos”. Como humanista considero que todos debemos cerrar filas en contra de la pena de muerte, no puede existir tal condena para cualquier ser humano, inclusive para los delincuentes.
Sin embargo, debemos especialmente exigir construir un nuevo sistema penal, penitenciario y carcelario, pues éste es en sí mismo una “condena de muerte”. De tal suerte, que las sanciones carcelarias, los subrogados penales y beneficios por colaboración, contemplen por principio la posibilidad de castigos ejemplarizantes, para quienes hacen de la administración justicia, un ejercicio selectivo en desmedro de los derechos de los más pobres.
Para los agentes de conductas atentatorias contra la salud, de pacientes con enfermedades terminales y catastróficas, quienes son diariamente “condenados a muerte”, en las puertas de hospitales, por falta de atención del régimen contributivo como del subsidiado. Para quienes se apropian de los recursos del Estado, “condenando a muerte” a niños por desnutrición. Para quienes “condenan a muerte”, por el ejercicio del derecho de libre pensamiento y opinión. Aunque si bien es cierto está revaluado el aumento de pena como instrumento de persecución del delito. No es menos cierto, que la barbarie en que vivimos, nos hace una sociedad poco evolucionada, que lo requiere además de reeducarse en valores: éticos y morales, complementariamente. ¡No a la pena de muerte! ¡Sanción para los corruptos!
