Desde el inicio de la Ley 100 han sido recurrentes las críticas sobre el rol de la economía en el sector salud. La mayoría de las veces son críticas que desconocen el potencial de la economía cuando de los servicios de salud se habla. Un caso donde claramente se ve este aporte es en las evaluaciones económicas en salud.

Estas evaluaciones parten del principio de la utilización eficiente de los recursos con los que cuentan los estados, las aseguradoras, los prestadores de salud y hasta las familias, cuando toman decisiones de gasto en salud. Es obvio que ante un evento adverso de salud todos querríamos que no se escatimara en gastos, pero no todo gasto es eficiente e incluso no necesariamente justo; por tanto, decidir dónde asignarlos es también una decisión de eficiencia económica.

La reciente investigación del médico Orlando Silvera en la Universidad del Norte, muestra la relevancia de la economía cuando es bien utilizada por parte de los profesionales de la salud. En su investigación analiza económicamente el tratamiento ocasionado por diagnóstico tardío en personas vivientes con VIH/sida aplicado a un centro especializado de salud en Barranquilla.

En el país el VIH/sida es considerado una patología de alto costo. Según el Ministerio de Salud, el manejo de VIH/sida ha comprometido en los últimos años el 0,5% del gasto en salud del país y cerca del 1% del gasto en seguridad social. Por lo que cobran relevancia las evidencias sobre la mejor forma de reducir esos efectos en costos.

Los resultados de Silvera destacan que al comparar los costos directos de la atención de los pacientes con VIH/sida que fueron diagnósticas tardíamente con los de diagnóstico no tardío, los costos aumentan en cerca de $300 millones al año en primeros. La diferencia en costos recae sobre los medicamentos antiretrovirales. Si volvemos a pensar en términos de costo de oportunidad, con este diferencial de recursos se podrían atender 80 personas de los diagnosticados tempranamente, invertir más recurso en educación de los pacientes, las familias y los trabajadores de la salud.

Es decir, se le están imponiendo altos costos al sistema y a las IPS solamente por diagnosticar tardíamente. Pero que el diagnóstico sea oportuno no es una responsabilidad solo de los prestadores, es necesario, como lo señala Silvera, que las aseguradoras y el estado participen en políticas transectoriales para aumentar las intervenciones en educación sexual y reproductiva en todos los niveles educativos, capacitar al personal de salud de los centros de atención primaria que permitan la aplicación de pruebas rápidas y de esta forma diagnosticar tempranamente, sobre todo en las personas con mayor vulnerabilidad.

*Directora del IEEC, Uninorte. Las opiniones expresadas aquí son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen la posición de la Universidad ni de El Heraldo.