Que miles de muchachos de bajos recursos, pero con charreteras académicas, accedan a la educación superior por cuenta de recursos públicos es un programa que nadie discute, como lo es Ser Pilo Paga (SPP). El programa tiene un nombre sonoro y pegajoso. Es atractivo para los ‘pelaos’ que tienen sueños y han demostrado sus cualidades con las mejores notas en las pruebas de Estado. Es una forma de darle equidad a un sector clave para el progreso y desarrollo de un país como es la juventud.
Pero es inexplicable cómo la plata pública, que auspicia el SPP, es destinada solo a universidades privadas para que muchachos de estratos 1 y 2 estudien en instituciones a las que no podrían ingresar por sus propios medios económicos. Si bien es un estímulo educativo, también parece un impulso al arribismo, porque descarta la educación pública, que es la de la nación, para darle cabida a la privada. Las cifras son bien dicientes: en 2015, 98% de los recursos fueron directos a las privadas. En los dos últimos años el gobierno hizo “un equilibrado ajuste” y fue de 85%.
Con este método el gobierno trata con desdén a las universidades estatales. Como si el premio apetecido para los buenos estudiantes del bachillerato no pudiese ser el de las instituciones a las que el Estado está en la obligación de proteger. ¿Son mejores las privadas que las públicas? ¿Y la Nacional, la del Valle, la de Antioquia, la del Magdalena, la de Cartagena y la del Atlántico? Esta última es la que más alberga población estudiantil en la Costa Caribe. Son 22 mil, y de esa alma mater han egresado en más de 70 años miles de profesionales de gran nivel que se destacan en el mercado laboral sin los beneficios y relaciones públicas que ofrecen otras instituciones. A puro pulso.
Ahora el gobierno pretende convertir el programa SPP en una política de Estado. Y esto no suena mal. Lo que suena mal es que más de $800.000 millones transferidos por esta oferta académica lleguen solo a las tesorerías de universidades privadas. Mientras tanto crece el saldo en rojo de las públicas. Suena absurdo, pero una política educativa de beneficio social se ha vuelto un asunto de debate. Por eso están marchando miles de estudiantes y docentes, como los que participaron en la marcha de la Uniatlántico.
Si tanta plata del bonito programa Ser Pilo Paga hubiese sido destinada a la universidad pública para su mejoramiento en investigación e innovación, más muchachos de esos sectores 1 y 2 de Sisbén podrían tener mejor futuro. Nadie discute que hay buenas universidades privadas, pero el dinero de lo público debe tener una destinación más social en ese sentido. Que no se vuelva un problema lo que sonaba muy bueno. Ahora se oye un estribillo estudiantil, de esos que riman: “Ser pilo no paga si la pública se acaba”.
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