La población campesina ha sido marginada a lo largo de la historia. Desde la independencia, hasta la contemporaneidad, la lucha por reivindicar sus derechos es permanente y los resultados positivos casi inexistentes. A los campesinos se les obliga a convertirse en arrendatarios y peones de sus propias tierras. Se les impone dejarlas o entregarlas a terceros. Les ha tocado dedicarse a cultivos ilícitos y, en la mayoría de los casos, han sido desplazados, desaparecidos o asesinados. Su dignidad es pisoteada, mientras el abandono del Estado propicia los abusos de terratenientes, narcotraficantes y grupos al margen de la ley.

En pleno 2017, al inicio del posconflicto y recién desarmadas las Farc, el escenario en varias regiones del país vuelve a estar en situación de alerta. El Pacífico colombiano padece las consecuencias de la violencia y la negligencia del Estado.

Tumaco es el municipio de Colombia con mayor cultivo de coca. El dulce beneficio de la paz está lejos de su alcance. Por el contrario, todavía se percibe la sombra de los narcos. Las bandas criminales hacen de las suyas. Sobresalen los cultivos ilícitos, los laboratorios para el procesamiento de coca, las rutas ilegales de exportación, la pobreza, los homicidios y la falta de oportunidades para la población. La fuerza pública no tiene control de la zona y la indiferencia del Estado es cada vez más notoria.

La erradicación de cultivos ilícitos se ha convertido en un problema mayor. El punto 4 del Acuerdo es cada vez más ambiguo y su implementación una farsa: “Programas de sustitución de cultivos de uso ilícito. Planes integrales de desarrollo con participación de las comunidades –hombres y mujeres– en el diseño, ejecución y evaluación de los programas de sustitución y recuperación ambiental de las áreas afectadas por dichos cultivos”. La realidad es que no hay sustitución, pero sí erradicación. Una vez más, les incumplen a los campesinos.

El pasado 5 de octubre, en medio de una protesta cocalera, fueron asesinados 6 campesinos y otros tantos fueron heridos. Todavía se desconoce la cifra exacta. Lo más aterrador es que miembros de la Policía Antinarcóticos son los responsables. Se manejaron diferentes versiones, destituyeron a unos cuantos policías y aún surgen más preguntas que respuestas. El Gobierno debe dar explicaciones concretas y responder por el daño causado. En esta ocasión, la fuerza pública no puede volver a matar con el fin de ofrecer resultados y salir impune.

No existen garantías para los campesinos. Tumaco ha estado abandonado a su suerte. No se pueden erradicar cultivos ilícitos sin antes gestionar alternativas. Si el descontrol continúa, estaríamos pisando los inicios de una nueva guerra.

La situación es grave. La historia se repite. Es inaceptable la indiferencia ante la coyuntura que vive el Pacífico colombiano. Se deben exigir garantías para todos. La triste realidad de los campesinos no es un problema del presente, ha sido una condena perpetua. Se les ha señalado de guerrilleros, comunistas, cocaleros, cómplices de los narcos; pero pocas veces se indaga en su pasado, en esa sombra gris en la que se han desdibujado por la ausencia de políticas agrarias justas.

¿Vamos a cambiar el rumbo o somos una estirpe sin segunda oportunidad sobre la tierra? La respuesta es clave para definir un futuro diferente, más incluyente… por fin en paz.

/@mariamatusv