La gentecita que anda enredada con la decisión de la Corte Constitucional sobre el proceso de paz es la de las campañas políticas.
Al blindar los acuerdos por 15 años y advertir que por más audaz que sea, ningún presidente podrá meterse con ellos, lo que hizo el tribunal fue quitar a los candidatos el ‘caballito de batalla’ que ya estaban montando cual caballeros medievales en trance de guerra.
Los uribistas estaban insistiendo en el viejo discurso sobre la amenaza castro-chavista, que algunos le siguen comprando no obstante la muerte de Fidel Castro y Hugo Chávez.
Los vargaslleristas, que no pudieron escoger peor época para apartarse del gobierno, estaban que se picaban la lengua con la idea de recoger parte de lo pactado en La Habana, empezando por la justicia especial.
Y la izquierda, que en la largada parecía apoyar sin pudor el mejor acuerdo posible, andaba afinando el discurso para conciliar la colcha de retazos que armó con la anarquía radical de Robledo y la propuesta insulsa de Fajardo.
Hasta los mismos defensores de la paz, con Humberto de la Calle a la cabeza, tendrán que bajarse de ese mamífero perisodáctilo, pues para ellos también es claro que la paz ya no es un asunto de campaña.
Por eso la pregunta de moda entre las agencias de publicidad, centros de medios, tanques de pensamiento y los mismos candidatos es: ¿qué hacemos ahora?
Para empezar, van a tener que remozar su agenda. Y en tal empeño aceptar que el país tiene otros temitas que justamente quedaron al descubierto cuando nos quitamos el velo de la guerra.
Hay que decirlo con toda franqueza: para muchos actores políticos era conveniente que el foco siguiera estando en los atentados y los combates. No es coincidencia que de un año a esta parte, la Fiscalía haya vinculado formalmente a investigaciones por corrupción a 165 dirigentes, entre congresistas y líderes locales.
La corrupción le cuesta a la Nación entre 3 y 5 billones de pesos al año, si aceptamos los cálculos de la Contraloría sobre las tajadas a los contratos de inversión. Y podría subir a 10 billones si agregamos los presupuestos de las entidades territoriales.
Abordar la corrupción implica profundizar en un tema que ha venido agitando en solitario el senador Juan Manuel Galán: el clientelismo, que bien podría ser el generador de toda la crisis ética que vive Colombia.
Bienvenida, entonces, la decisión de la Corte, porque permite, ahora sí, que empiece la campaña presidencial.
Como gritan en hípica: ¡que salgan los caballos! Pero los verdaderos.
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