Se ha abierto un gran debate público en Colombia sobre el programa Ser Pilo Paga.

Los detractores afirman que le quita posibilidades a las universidades públicas, en todos los sentidos.

El programa fue lanzado por el gobierno de Juan Manuel Santos en 2014 para apoyar a los bachilleres que, habiendo obtenido altos puntajes en la prueba Saber del Icfes, no alcanzaban a entrar al sistema de universidades públicas.

El gobierno tenía la opción de aumentar el presupuesto de las universidades estatales, que dicho sea de paso no es de poca monta, pero había una preocupación: esas instituciones, sin entrar a mirar casos puntuales, no estaban garantizando la formación de calidad.

Entonces decidió apoyar a los buenos bachilleres para que ingresaran a las universidades privadas con acreditación de alta calidad, es decir, a las mejores.

Hasta hoy se han beneficiado alrededor de 32.000 jóvenes provenientes de 990 municipios de los 32 departamentos del país. El 75% de estos muchachos, es más, proviene de establecimientos educativos oficiales.

El impacto en la Costa Caribe, donde la brecha social era más profunda, es notable: la institución colombiana que más pilos tiene es la Universidad del Norte (3.200), seguida de la Universidad Javeriana (2.490) y La Salle (1.822).

Se trata de un programa que ha reducido las brechas de acceso a la educación superior de calidad, porque ha logrado que los estudiantes de estratos bajos tengan las mismas posibilidades de sus pares de estratos altos.

Un estudio de la Universidad de los Andes y del Centro Nacional de Consultoría, contratado por el DNP, comprobó que antes de Ser Pilo Paga solo el 28% de estos jóvenes accedía a la educación superior.

Con el Programa lo está logrando el 60%.

La estadística de los mismos estudiantes que ingresaban a universidades acreditadas, por su parte, pasó del 7% al 53%.

Es mentira que el Programa le quite estudiantes a las universidades públicas. Todos los cupos de primer ingreso están llenos.

De 2010 a 2017, según el Ministerio de Educación, el presupuesto de estas instituciones aumentó en más de un 60%. No más en el año 2018 se distribuirá entre estas instituciones unos $3,4 billones para funcionamiento. Ahí también hay una falacia.

¿Y saben cuánto ha costado Ser Pilo Paga en estos cuatro años? Algo menos de $498.000 millones.

Ahora bien: la educación pública y la privada han compartido responsabilidades históricas, al menos desde la Ley 30 de 1992, que flexibilizó la regulación y aumentó la oferta de instituciones y programas desde escenarios no estatales.

¿A qué viene, entonces, el debate? Hoy, en verdad deberíamos estar felices porque jóvenes que no tenían una oportunidad en la educación superior ahora la tienen. Y lo que es mejor, que están incluidos en un circuito de desarrollo que antes era impensable.

@AlbertoMtinezM