No existe una sola encuesta en este país que no raje la gestión pública. La divulgada esta semana por la firma Cifras y Conceptos –un estudio que muestra la percepción de los diferentes líderes de opinión del país–, arroja unos resultados muy decepcionantes sobre la gestión del Gobierno, mandatarios locales, administradores de justicia y congresistas.
Los indicadores de la economía están que pasan de semáforo amarillo a rojo. Las proyecciones de los expertos dicen que vamos a cerrar el año con un PIB del 1,8%, una inflación mayor al 4,5%, una balanza comercial negativa cercana a los USD10.000 millones y una tasa de desempleo del 9,8%. La deuda externa la doblaron en siete años, pasó de USD64.792 millones en 2010 a USD121.618 millones a julio de este año. Preocupante la vaina.
Ni que hablar de los millonarios desfalcos a las entidades públicas por la perversa mermelada que instituyeron para comprar las conciencias de los congresistas de la coalición de gobierno. Dos datos escandalosos de esta maldita corrupción. En el año 2016, la Contraloría General de la República encontró 1.573 hallazgos fiscales por un monto de $10,4 billones. Y este será peor, porque según los registros de la Secretaría de Transparencia y del Inpec, el 50% de los implicados en actos de corrupción en Colombia no paga cárcel, el 25% logra que le den casa por cárcel y el 25% restante paga una pena de escasamente 24 meses en pabellones donde les ofrecen privilegios especiales con relación a los presos del común.
A lo anterior súmele la mano de funcionarios incompetentes que tiene este Gobierno. No hay derecho que, entre el 2014 y el 2016, el ministro de la Defensa, el ministro consejero para el Posconflicto, el alto Comisionado para la Paz, y el director de la Oficina de Erradicación y Sustitución de Cultivos Ilícitos, hayan dejado crecer los cultivos de coca de 69.132 hectáreas a 146.139 hectáreas. Hasta les crearon en una Asociación de Productores de Coca y les armaron un paro nacional por haber incumplido los acuerdos con los cocaleros. Esto nada más pasa en Colombia. Ahora les salieron con el cuento chino que les van a legalizar los cultivos de coca que tengan hasta 3,8 hectáreas. Les faltó prometerles una línea de crédito Finagro con tasa de interés subsidiada a largo plazo para que el Banco Agrario les financie las siembras del año entrante.
Otro tema de incompetencia y corrupción pública que hizo metástasis son los famosos Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD), impulsados por el exministro Juan Carlos Echeverry, para definir los proyectos de inversión que se financiaran con recursos de las regalías.
Una reciente auditoría de la Contraloría General de la República encontró que entre 2012 y 2016 a los gobernadores de la Región Caribe les asignaron $8,1 billones, de los cuales solo les aprobaron $4,3 billones (52%), porque el resto de los proyectos estaban mal formulados y estructurados. Lo peor del cuento es que solo han ejecutado el 33% de los recursos aprobados. Obviamente, esto tiene su torcida justificación. Los intereses que generan esos dineros en la banca los pueden utilizar para libre inversión.
Inviable, este país.
*Consultor
