Por estos días, los colombianos asistimos al triste espectáculo de contemplar un bloqueo tenaz y creciente a los ajustes institucionales que exige el proceso de paz firmado con las Farc. El presidente parece más preocupado por seguir recogiendo condecoraciones en Europa que por atender la urgente pérdida de las mayorías en el Congreso. También viajó donde los jeques árabes en su búsqueda de más brillo y oropel.
Mientras, acá vemos cómo parece atollarse y de pronto hundirse la Justicia Especial para la Paz (JEP), piedra medular de los acuerdos de La Habana y del Pacto del Teatro Colón. Mientras los extranjeros admiran la creación de este proceso de justicia especial, único en la experiencia de los conflictos del mundo, en Colombia los parlamentarios de Cambio Radical y muchos del Partido Conservador sabotean las sesiones del Senado. Alegan cuestiones de “principios” cuando sabemos que los primeros se bajaron del bus en forma oportunista después de disfrutar de las mieles del poder y los contratos por siete años, para construir una maquinaria de contratistas para su candidato. Lo segundos, parece quieren más burocracia, como en Finagro y una de las Superintendencias. Solo les importan sus intereses y para nada los del país.
Colombia es uno de los países más desiguales del mundo, como lo indican las cifras, tanto en ingresos como en tierras y distribución accionaria. Es el reino de la inequidad y la exclusión. No se trata de ‘fracasomanía’, sino de la triste realidad. Las reformas que proponen los Acuerdos de La Habana son tímidos, supremamente moderados para lo que esta sociedad necesita, pero la posverdad se impone para llenarnos de miedo y bloquearlo todo. Se juega con candela y podemos desembocar en nuevas guerras, en un país acostumbrado a ello. Eso favorece a las altas élites urbanas –para que todo siga igual y no cambie–, las cuales viven en sus clubes y barrios exclusivos, sin palpar los problemas del país.
Los expertos en procesos de paz en el mundo nos cuentan que los grupos insurgentes han firmado la paz, reciben amnistía y participan de una vez en política (caso IRA en Irlanda, por ejemplo). Acá nos inventamos la JEP, pero ahora se quiere usar la misma para impedir la participación en política de las Farc. La gente no ha leído los acuerdos y los leguleyos le dan otras interpretaciones. Ninguna guerrilla firma una paz para irse a la cárcel o quedar bloqueados en lo político. A una vecina mía angustiada por la candidatura de Timochenko le dije que se tranquilizara y respirara hondo, pues de seguro a dicho candidato no le irá bien en este país tan conservador. Las Farc hubiesen podido ser más inteligentes y tácticamente lanzar líderes que no fueran los del Secretariado. Pero hay soberbia en su dirigencia, y muy pronto verán en las urnas que las cosas no son tan fáciles. Pero la resistencia al cambio es total: la reforma electoral, así recortada y tímida, parece que al fin pasa, lo mismo las circunscripciones especiales. Pero de la Ley de Tierras nada que se sabe, y el tema de los cocaleros se quiere resolver con las fracasadas fumigaciones. ¡A bloquearlo todo! es la consigna.
