Recientemente nos hemos enterado, por boca de sus altos ejecutivos, que dos grandes empresas del sector privado extranjero, una multinacional europea y otra de un país latinoamericano que pensaba abrir su primera sede fuera de su patria se detuvieron indefinidamente en sus propósitos al presenciar la enorme inseguridad política y económica que atraviesa Colombia, donde todos los días aparece una postura distinta a la del día anterior en materia fiscal, en el campo tributario, en la rama de estímulos al capital extranjero y en las reformas que inestablemente se presentan como proyectos de ley al Congreso, muchas de las cuales en vez de atraer espantan a estos posibles inversionistas de otros lugares.
Es evidente que los últimos 16 años los gobiernos han mostrado un alto grado de inestabilidad jurídica y económica. No hay nada más patético que el impuesto del cuatro por mil. La ya inveterada costumbre de presentar cada año una reforma tributaria porque cada ministro del ramo quiere escribir en molde de oro su nombre para el futuro tiene pésima presentación. La excusa de la guerra que terminó pero ha producido el nacimiento de otro conflicto como lo es fácilmente identificable el tema de las bacrim y el asesinato en serie de líderes sociales no es válida porque el gobierno, antes y ahora, tiene la obligación de garantizar la vida de los habitantes del país, su honra y sus bienes. Por otra parte, el incremento de cultivos ilícitos no es un capricho más del presidente Trump o del Congreso de los Estados Unidos, porque, por un lado, están girando anualmente cifras cuantiosas en desarrollo del Plan Colombia, y por otro, no ven resultados consistentes.
Esta inseguridad jurídica y económica aumenta cuando al inversionista no le es posible descifrar un gran número de normas por confusas e imprevisibles. Siempre dejan una puerta abierta a una corrección futura que a veces es inmediata. La improvisación y la misma imparcialidad de la justicia se han puesto en duda hasta el grado que este vaivén político que vivimos es el que muchas veces marca una pauta que detiene cualquier intención de capital foráneo. Las demandas a casos extremos o posiciones equivocadas que no alcanzan a resolver las superintendencias convierten en vulnerables los esfuerzos de ese capital extranjero entrando a invertir en este suelo colombiano.
El caso típico actual es el catalán. La primera decisión que han asumido cientos de multinacionales y entidades propias de la misma España con este intento separatista es salirse de Cataluña trasladando sus capitales, activos y cargos gerenciales, así como el grueso de sus operaciones, hacia otra regiones ibéricas. Entre nosotros llevamos más de un año diseñando una reforma política, una nueva tributaria, un nuevo orden legal para la posguerra, otro escenario previsible para aumento de impuestos al consumo. Vemos muy difícil que superemos esa etapa frágil de crear solo nuevas sociedades pequeñas, más de 76.000 el año pasado, mientras que son muy pocas las grandes multinacionales o empresas locales que puedan calificar para la bolsa de valores, por ejemplo. Si a todo esto agregamos los odios políticos devoradores de honras, seguirá triunfando el egoísmo y el espanto para nuevos socios extranjeros.
