Distintos delitos afectan a la sociedad de distintas maneras, pero ninguno, ni siquiera el secuestro o el homicidio, produce tanto repudio como el abuso sexual infantil. Por eso, la sorpresiva propuesta de castigar con penas ordinarias a los actores del conflicto que hubieran cometido dichos abusos pone en aprietos no solo a las Farc, sino al gobierno. Digo ‘sorpresiva’ porque este golpe a la JEP no provino del Centro Democrático o de Cambio Radical, sino de una integrante del partido del presidente, la senadora de la U Maritza Martínez.

El cambio que introdujo la senadora en el proyecto de ley de la JEP es uno de esos ‘articulitos’ que tienen el poder de cambiar el curso de la historia. Exige que los culpables de violencia sexual a menores de edad no puedan beneficiarse de penas alternativas (no carcelarias) de 5 a 8 años, como estipula el acuerdo con la guerrilla, sino que estén sujetos a penas ordinarias de 16 a 30 años de cárcel. En la práctica, dicha modificación implicaría que muchos miembros de las Farc no puedan hacer política directa por un buen tiempo.

Eso pone al gobierno en una encrucijada. O acepta el ajuste a la JEP, que surge de su propio partido, y traiciona parcialmente lo pactado con las Farc, o pasa a la historia por haber beneficiado con lenidad a perpetradores masivos y sistemáticos del crimen que más repugna a la sociedad.

En el contexto del tránsito de las Farc a la vida civil, la propuesta de la senadora es severa, pero sensata. Haga el lector o lectora el siguiente ejercicio: imagine que es su primer día como congresista. Toma su puesto y reconoce en su honorable colega y vecino de silla a un señor de quien se sabe que cometió, quizá decenas de veces, los delitos que tienen preso a Rafael Uribe Noguera. Si le resulta más fácil, imagine al propio Uribe Noguera sentado ahí.

¿A quién puede caberle tamaña escena en la cabeza? Y sin embargo no es lejana ni descabellada.

No me interesa hacer juicios morales –eso se lo dejo a los magistrados–, pero creo que la condición humana de quienes han cometido crímenes atroces contra la niñez es incompatible con los valores que deben poseer los representantes de la sociedad ante el Estado. Quien ha violado niñas impúberes no puede ser quien redacte las leyes de la nación y lidere la res publica. Que haga falta explicar eso es prueba del momento absurdo que estamos viviendo.

Me dirán, con toda la razón, que nuestro parlamento actual no es precisamente un modelo de comportamiento. Pero eso confirma, no debilita, mi argumento. Si nos indignan el pago de coimas y el tráfico de influencias, ¿qué sentimiento debemos reservar para faltas mucho más malignas, faltas que degradan no solo a quien las comete, sino a la especie humana en conjunto?

No quiero decir con esto que las Farc no puedan hacer política. Pero deben hacerlo a través de representantes que no hayan cometido actos que son la antítesis oscura de lo que entendemos por civilización. La violación de menores nada tiene que ver con los ideales revolucionarios.

La propuesta de la senadora Martínez podría ser, además, lo mejor que le suceda al posconflicto. Le aporta algo de justicia y legitimidad a un proceso que necesita de esas dos piernas para sostenerse, o se va a caer.

@tways / ca@thierryw.net