En España ayer se conmemoró la aprobación de la Constitución en el referéndum del 6 de diciembre de 1978. Y un día antes arrancaba la campaña electoral más extraña de las cuatro décadas de democracia española: la elección de un nuevo parlamento en Cataluña el 21 de diciembre. La decisión de adelantar los comicios la tomó el Gobierno central después de destituir al ejecutivo catalán e intervenir la autonomía tras la declaración ilegal de independencia del 27 de octubre, bajo el amparo del artículo 155 de la Constitución de 1978. De los dos principales candidatos separatistas, uno está en un autoimpuesto ‘exilio’ en Bélgica y el otro en la cárcel.
La Justicia marca los pasos de esta rara campaña, más que los programas electorales. El Tribunal Supremo ha asumido la causa contra todos los acusados por los incidentes que desembocaron en la declaración unilateral de independencia y el subsiguiente encarcelamiento provisional de parte de ellos. El lunes el juez dejó en libertad condicional bajo fianza a seis exministros catalanes. Pero confirmó la cárcel preventiva para el exvicepresidente Oriol Junqueras, así como el exministro de Interior y los líderes de dos influyentes organizaciones civiles del separatismo.
La confirmación de prisión para estos cuatro es viento en las velas de la campaña de los separatistas. Estos días, las calles de Barcelona se han llenado de carteles que reclaman la libertad de los supuestos “presos políticos” y que protestan contra la aplicación del artículo 155. Los independentistas se refugian en estos argumentos de gran carga emocional, ya que no ofrecen a sus votantes ningún plan sobre cómo continuar en la lucha por una república catalana después del fracaso del último intento en octubre.
Mientras Junqueras manda mensajes desde la cárcel, el presidente destituido Carles Puigdemont hace campaña electoral desde Bélgica, donde asiste a funciones teatrales sobre la resistencia de los flamencos contra los españoles allá por el siglo XVI. En una decisión inesperada, el Tribunal Supremo ha retirado la orden europea de captura contra Puigdemont y cuatro de sus antiguos ministros que le acompañan en Bélgica. La razón es que la ley belga no prevé los delitos de “rebelión” y “sedición” de los que se acusa a los políticos catalanes, por lo cual solo podrían haber sido extraditados, y en consecuencia juzgados, por el delito menor de malversación de fondos públicos.
Puigdemont ahora puede decidir si quedarse en su ‘exilio’ o volver a España, donde sería detenido inmediatamente. Forzar su arresto antes de las elecciones sería un golpe de efecto para atraer más votos. Porque, según las encuestas, la lista del expresidente va muy por detrás de la ERC de su vice Junqueras. Sin embargo, la pregunta esencial del 21-D es si las fuerzas separatistas juntas lograrán renovar su mayoría absoluta. Los últimos sondeos dicen que se quedarán cortos. Ojalá fuera así para poder salir de este atolladero, aunque no será fácil en ninguna de las circunstancias.
@thiloschafer
