Cansado de la avalancha diaria de noticias sobre los turbios personajes que pueblan la picaresca nacional, he querido ocuparme hoy de dos colombianos a los que no se les ha reconocido adecuadamente el inmenso bien que le han hecho al país. Me refiero a Fernando Tamayo y a Mauricio Olivera.
El recientemente desaparecido doctor Tamayo dio inicio en 1965 a lo que hoy es Profamilia y fue, sin duda, el responsable de la transformación de la planificación familiar en Colombia. Aunque ello le valió la crítica de distintos sectores de la sociedad de la época, Tamayo supo reconocer la importancia del tema, y gracias a su visión, liderazgo y valentía, en el país se empezó a practicar una planificación en gran escala, con todos los efectos que ella tiene en términos individuales, sociales, económicos y de desarrollo. En 1960 Colombia tenía una tasa de fertilidad de 6,8 nacimientos por mujer, superior a las que tenían entonces los países del África subsahariana (6,6) y los menos desarrollados del mundo en general (6,7). Gracias a su visión, esa tasa bajó a 2,4 en 2000 y a 1,87 en 2015.
Naciones Unidas ha reconocido que la planificación familiar conduce a la erradicación de la pobreza, la igualdad de géneros y el empoderamiento de la mujer, al avance en educación, en nutrición y en salud, y en un contexto macro, también a la conservación del ambiente, amenazado por la explosión demográfica. Según el Banco Mundial, los países de ingreso bajo tienen todavía una tasa de fertilidad promedio de 4,8 y los de África subsahariana 4,9. Al sacar a Colombia del atraso, el doctor Fernando Tamayo la llevó a la modernidad, y la planificación está incorporada hoy a las políticas públicas en el contexto de la salud y los derechos humanos.
Al otro lado de la vida están los jubilados. Mauricio Olivera, el presidente de Colpensiones hasta julio pasado, es un ejemplo de que en el sector público sí se pueden hacer gestiones eficientes y en poco tiempo. Cuando llegó a ese cargo en 2013, Colpensiones tenía todavía más de 300.000 procesos atrasados, en muchos casos heredados del antiguo Seguro Social. Ya para 2016 la Corte Constitucional levantó el “estado de cosas inconstitucionales” que había declarado desde 2013 sobre esa entidad, hecho inédito fruto de que la Corte concluyó que Colpensiones garantiza ya plenamente los derechos de los pensionados, los afiliados, empleadores y demás públicos relacionados.
Gracias a Olivera, Colombia tiene hoy una entidad pública pensional en la que el reconocimiento de una pensión es virtualmente automático y donde la gestión ordenada de recursos ha permitido que sus pagos sean cumplidos y generen tal confianza entre los ciudadanos que el nombre Colpensiones ha aparecido ya en algunas encuestas entre las 20 marcas más reconocidas por los colombianos. El país tiene una eterna deuda de gratitud con él, pues los derechos pensionales son el único ingreso que tienen millones de colombianos para aspirar a una vejez digna.
