Digámonos la verdad: al Hospital Universitario Cari había que cerrarlo hace seis años. Si el Distrito no lo hizo, probablemente fue porque estaba esperando un plan de salvamento. Lo que dicen los funcionarios de la Secretaría es que siempre hubo una promesa en ese sentido. Pero el plan o nunca llegó o sí lo hizo, pero medio alivió la situación. Mientras tanto, la crisis avanzó.

El 11 de octubre de 2017 la propia Superintendencia de Salud le escribió a la secretaria de Salud, Alma Solano, para comunicarle los resultados de la visita que le realizó a la institución en mayo de ese mismo año.

A esa Secretaría le corresponde por ley la supervisión y control de las entidades prestadoras que funcionan en Barranquilla.

El documento, de unas 160 páginas, es revelador. El grupo auditor encontró 16 hallazgos administrativos, 15 financieros y 16 asistenciales. El colapso era previsible. Se venía gestando desde hacía 72 meses.

La auditoría revela, en efecto: gestión inadecuada de medicamentos, cierre de atención, inasistencia de servicios de alta complejidad, ausencia de personal, falta de protocolo para el manejo de residuos, deficiente cobro de cartera, entre otras irregularidades.

El peor indicador de todos dice que en dos años –2016 y 2017– el déficit financiero llegó a $58.000 millones. En plata blanca: el Cari necesita generar $58.000 millones para seguir funcionando.

El asunto es que las rutas para conseguirlo no son claras, por las mismas razones que causaron el hueco.

La Gobernación, que es legalmente doliente del hospital, insistió en la ley 550, pero la Dirección General de Apoyo Fiscal (DAF) del Ministerio de Hacienda conceptuó que no tiene soportes. Dicho de otra manera: el Cari está tan quebrado que ni siquiera tiene alientos para declararse en quiebra.

Ahora el Departamento estudia un plan de salvamento financiero, en el que la cartera de Hacienda tampoco cree. Lo que declaró Ana Lucía Villa, directora de la DAF, es, palabras más palabras menos, que no pierdan su tiempo.

La opción, en consecuencia, es pedirle al Ministerio de Salud que hable.

En ese sentido, de hecho, fue la carta que la misma Solano le mandó al ministro Alejandro Gaviria la semana pasada. En la misiva pregunta si “existe alguna conducta previa que el Ministerio vaya a tomar en este caso”.

Dicho de mejor forma: en vista de que las fórmulas de la Gobernación no encuentran salida, indique usted, señor Ministro, si está pensando en otra.

Yo se lo preguntaría directamente: “Señor Ministro, ¿está dispuesto usted a aportar los $58.000 millones que se necesitan para evitar el cierre del hospital?”.

Porque tal como están las cosas, no hay salida. El Distrito, que se ha venido negando sistemáticamente al cierre, tendría que proceder por “incumplimiento de los estándares de habilitación”. Desde hace bastante rato.

@AlbertoMtinezM