La primera observación que tengo que hacer con respecto a lo que se conoce de las recomendaciones de la Financiera de Desarrollo Nacional para determinar los pasos a seguir luego de la intervención a Electricaribe, no dice nada nuevo que ya no se supiera, es como llover sobre mojado. En su diagnóstico llega a las mismas conclusiones a las que había llegado el estudio que contratamos con la experta y ex comisionada de la CREG, Carmenza Chahín, hace ya casi 4 años, cuando me desempeñaba como ministro de Minas y Energía.
Una falencia fundamental de las nueve opciones planteadas por la FDN es que en las mismas se hace abstracción de una realidad del tamaño de una catedral, y es el hecho que, aunque Electricaribe esté intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos con fines de liquidación, sus activos siguen siendo de su dueño, Gas Natural Fenosa (GNF). Estamos en presencia de una intervención y no de una confiscación. Por consiguiente, esta se convierte en una gran restricción y reduce el margen de maniobra para implementar cualquiera de ellas, máxime cuando hay de por medio una controversia no resuelta interpuesta por GNF ante la Ciadi.
Es evidente que en el contexto planteado por la FDN se requiere encontrar primero que todo una fórmula de transición, que no puede ser “contratar un gestor” al que habría que pagarle una “comisión de gestión” por hacer lo mismo que viene haciendo el interventor, mientras se adelanta el proceso para la escogencia del nuevo operador. Ello, en razón de que de otro modo se prolongaría en el tiempo la solución, a la espera, entre otras cosas, de los ajustes regulatorios requeridos, que son conditio sine qua non para lograr la viabilidad y sostenibilidad de Electricaribe, tanto desde el punto de vista financiero como operativo.
Pero la peor de todas las opciones que plantea la FDN es la que plantea contratar “un operador que presta el servicio por su cuenta y riesgo, el cual recibe las tarifas y le paga a la distribuidora un derecho de cesión. Otras entidades recaudan y depositan los ingresos en una fiducia. El pasivo pensional sigue a cargo de la distribuidora”. ¡Rico Don Pepe!
Coincidimos con la FDN en que Electricaribe “no resulta atractivo para un inversionista bajo la Resolución 019 de la CREG”, que está para comentarios y en que “para generar un escenario viable se requiere, entre otras cosas, ajustes en tarifa que reconozcan el nivel de inversiones proyectadas, la situación actual de la empresa y aportes del gobierno”. Ello es claro como el agua y este es el busilis de la compleja problemática de Electricaribe.
Por ahora estamos en una ‘sinsalida’, ya que las recomendaciones de la FDN deja el sinsabor de encontrar en ellas más preguntas que respuestas y lo que es peor llegan en un momento inapropiado para un debate tranquilo sobre las mismas, que no esté interferido por el proselitismo electoral.
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