Constitucional y legalmente Colombia definió que su población de niños y adolescentes tendría un nivel de protección especial, asignándole una atención preferente dada su vulnerabilidad. Sin embargo, la realidad reciente muestra que la protección y la atención especial, especialmente en los temas de salud, distan mucho de ser lo que desearon quienes así lo plasmaron en la Constitución de 1991 y en leyes posteriores.
Profamilia ha informado que el número de casos de embarazo en menores de 19 años en el país continúa en aumento, situación que trae como consecuencia que el 90 por ciento de estas jóvenes además abandonen sus estudios para nunca regresar. Una combinación de tres factores aparecen como comunes denominadores en la gran mayoría de los casos de estos embarazos en adolescentes: la pobreza, la deserción escolar y la falta de información sobre sexualidad. Esa tríada resulta ser motivo suficiente para que de manera significativa en nuestro país aumenten las probabilidades que una adolescente se convierta en mamá a tan temprana edad. Para el 2015, según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS), en 2015, el 17 por ciento de las adolescentes entre 15 y 19 años estaban embarazadas.
Para agravar lo antes mencionado, según las cifras del DANE correspondientes al año 2016, hubo un total de 5.542 nacimientos a partir de niñas entre los diez y catorce años, edades en las que cualquier acto sexual es un delito.
De otra parte, en el análisis de las causas de muertes de los niños en Colombia, se conoció el informe de la iniciativa Niñez YA que concluyó que “el 65% de las muertes infantiles ocurren en los primeros 30 días de vida. Cada año, alrededor de 400 niños y niñas mueren por desnutrición y el 70% de las muertes por enfermedad diarreica aguda (EDA) se concentra en el 50% de los hogares con mayor pobreza multidimensional”. En otras palabras, las principales causas de muerte en los niños y niñas en Colombia son desnutrición, diarrea e infecciones respiratorias, lo que resulta muy preocupante, puesto que la gran mayoría de estas muertes se hubiesen podido evitar dado que eran prevenibles.
En el caso del cáncer infantil, un reciente reporte del Instituto Nacional de Cancerología (INC), menciona que en el país se registran alrededor de 500 muertes anuales por cáncer en menores de 14 años, quedando pendiente siempre el interrogante si para algunos de esos menores fallecidos hubiera sido posible cambiarles esa fatídica situación si se les hubiera prevenido, diagnosticado o tratado oportunamente el cáncer que les cegó sus vidas, muy a pesar que se haya generado suficiente normatividad para proteger y atender a la niñez para garantizarles diagnóstico temprano, tratamiento, seguimiento y control del cáncer infantil.
Así las cosas, la protección integral de los niños y adolescentes de este país con seguridad deberá constituir suficiente motivo de interés prioritario para el gobierno que inicie en el próximo mes de agosto, generando políticas públicas efectivas que logren prevenir tanto los embarazos en adolescentes como las enfermedades evitables en los niños, además de diagnosticar y tratar oportunamente a los que se enfermen. Pero hasta ahora ningún candidato presidencial ha hablado al respecto.
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