Mil millones de pesos. Eso vale una secretaría en Cartagena.
Es mucho dinero –es verdad–. Pero quien los tenga hará la inversión de su vida.
Los mil millones de pesos darán derecho a poner el secretario y, de contera, a un riquísimo paquete de contratos de Órdenes de Prestación de Servicio, que es como opera la burocracia moderna de esas oficinas.
Pero el dueño tendrá acceso, además, al pastel billonario de inversiones de esa dependencia, en una ciudad donde se anuncian los proyectos más ambiciosos de su historia.
De eso se trata Cartagena por estos días. Por donde quiera que uno meta la nariz se respira negociados.
La cosa funciona así: los políticos y los financistas ponen mil millones de pesos para que la campaña tenga suficiente gasolina para activar la ronda perversa de la compra de votos. Y se sientan a esperar.
Cuando se posesione el gallo de la gallera nombrará a uno de los suyos, y ese uno le dará las OPS a otros suyos que estarán pendientes para que todo lo que se mueva por esos lados quede en las arcas del padrino.
No se cambian por nadie. Creen que lo tienen todo asegurado y sacan cuentas.
Tienen entendido que el candidato de sus apuestas puede estar inhabilitado. Por ahí estuvieron rondando al Consejo Nacional Electoral para presionar la decisión. No se sabe si fueron recibidos. (Esta semana, en virtud de la determinación del máximo tribunal, se sabrá si sí o si no).
Y, aún así andan tranquilos con sus guayaberas blancas, poniendo a la orden su jugosa concesión.
Si el CNE habilita al candidato tienen lista la publicidad, muy a la manera del “Manolo no se va” que cerró la campaña del año 2015, cuando el hoy detenido alcalde de la ciudad enfrentó una situación similar en el politizado Consejo. (¡Manolo no se va! ¡Bah! Otro Manolo llegando a la Alcaldía).
En esas circunstancias los detractores de su causa negociante acudirán ante el Contencioso para que investigue ya no la inscripción sino la elección. Cartagena seguiría en esta interinidad infinita que ha hecho desfilar por el despacho mayor a siete alcaldes en menos de seis años.
Pues, da pena con la ciudad, pero no le hace. Ellos ya le metieron mil millones de pesos a la campaña y no van a perder su platica.
Después verán cómo resuelven la cosa ante la Justicia para que el ya alcalde se quede.
¿Y la democracia? Bien, compa, gracias.
En eso no piensan, porque los electores ya habrán recibido los 30 mil pesos que vale cada voto en Olaya, El Pozón o La María.
Ahí está la diferencia. Con mil millones de pesos los financistas compran la ciudad. Con 30 mil pesos los ciudadanos venden sus derechos.
Y así seguirá por siempre la ciudad de unos pocos, a menos, claro está, que la gente cambie de actitud y el próximo 6 de mayo mande a la porra la “hidueputa” corrupción.
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