Las reflexiones que hice en la pasada columna sobre el exceso de demagogia y la falta de sentido común que abunda en la mayoría de los funcionarios de este gobierno, particularmente en los que han orientado y ejecutado de manera ineficaz la política del sector agropecuario, causaron algunas molestias a los aludidos.
Hay una frase popular que afirma que “La verdad duele, pero no ofende”, pero todos sabemos que “sí duele y ofende”. Si bien es cierto que resaltar las cualidades negativas de alguien no es correcto, tampoco es correcto decir verdades a medias para quedar bien con todo el mundo. Para nadie es un secreto que las practicas politiqueras del ejecutivo con el legislativo fomentaron la ineficiencia, la corrupción y un rezago enorme a la productividad del campo colombiano.
Es inconcebible, por ejemplo, que en Colombia sigamos manteniendo un sistema de financiamiento agropecuario que solo atiende al 9% de los productores del campo y menos del 5% de la inversión que se realiza para producir más de 34 millones de toneladas de alimentos y materias primas anuales. Pasaron ocho años y ninguno de los responsables de orientar la política de crédito al sector agrario tuvo la iniciativa de ajustar las provisiones de los créditos, revisar las tasas de interés (que no alcanzan a cubrir los costos y los riesgos asociados a los desembolsos de los pequeños productores), fusionar los fondos de garantías (FAG y FNG), simplificar los procesos en Finagro, clasificar los productores por ingresos y democratizar el Banco Agrario para volverlo eficiente.
Se le acabó el tiempo al gobierno Santos y la Agencia Nacional de Tierras no fue capaz de legalizarle los títulos a 2 millones de predios rurales de pequeños campesinos, no resolvió el problema de reintegración productiva para las víctimas del conflicto armado ni tampoco formalizó el sistema de catastro e impuesto predial. La otra Agencia creada en su gobierno, la de Desarrollo Rural, no construyó un solo embalse para riego, ni tampoco estructuraron un esquema de Alianza Pública Privada con tarifa subsidiada para operar los embalses abandonados. Mientras España (que cuenta con la mitad de nuestra superficie) tiene unos 1.200 embalses para riego agrícola, Colombia no llega a los 50.
En materia de productividad hay pocos logros que mostrar. Nuestro sistema de investigación y transferencia de tecnología es muy lento. Mientras Brasil, Uruguay y Argentina producen semillas de arroz y maíz por encima de las ocho toneladas por hectárea, las nuestras no llegan a cinco toneladas. También nos duplican en hortalizas, algodón y carne bovina. Si pretendemos elevar el rendimiento de nuestros cultivos, mejorar la resistencia a las plagas y contrarrestar las variaciones climáticas adversas, como la sequía, el camino más eficaz es fortalecer los Centros de Investigación Gremial. Para ello, habrá que ampliar la cuota parafiscal a la agroindustria y al agrocomercio. Todos ponen, todos ganan.
Llamar las cosas por su nombre puede no ser agradable, pero no por ello debería herir susceptibilidades. La oposición constructiva lo que busca es generar consecuencias positivas.
