En países con amplia avanzada institucional, además de modernas estructuraciones legislativas para hacerlas más eficientes, el concepto inserto de casa por cárcel en las legislaciones penales permite eliminar hacinamientos en prisiones, lograr mayor cobertura de rehabilitación y un mejor manejo operativo en el control de los sindicados. Por otro lado, en cada uno de estos estados las penitenciarías por lo general se convierten en el hogar temporal solamente de los condenados. No como en Colombia donde pueden pasar meses y hasta años sindicados en investigación, cuya situación jurídica tarda mucho en definirse.
Entre nosotros la casa por cárcel se adoptó básicamente como un mecanismo endeble y cobarde del Estado para evitar el hacinamiento carcelario. Fue una solución facilista, vergonzosa. El triunfo de una comodidad supuesta de una justicia fallida, de un Estado inerme ante los delitos, superado por estos, que encuentran en este despropósito una forma de eludir responsabilidades. ¡Fue un tremendo error! Hoy día, el 65% de los sorprendidos en flagrantes delitos o nuevas violaciones de Ley, tienen antecedentes y el sello de ser depositarios del beneficio estrambótico de la casa por cárcel. Por supuesto, una vez instalados en su hogar, con apenas unas decenas de guardianes del Inpec destinados a vigilarlos, no hacen otra cosa que reincidir. Volver a empezar lo único que saben hacer: cometer delitos.
Quien fue elegido Presidente debe de inmediato presentar un Proyecto de Ley de reforma a la justicia donde este tema sea absolutamente prioritario. De lo contrario el país no debe más empezar a buscar en otros lados la primera causa de esta corrupción que nos está carcomiendo. La Fiscalía hace una magnífica labor, la Policía en su gestión investigativa es cada día más ejemplarizante, los casos se van resolviendo más rápido hasta que se llega al juez de garantías o la primera autoridad que definirá un destino. Por las razones más inverosímiles se les otorga la casa por cárcel a verdaderos delincuentes “que no representan un peligro para la sociedad”. Hasta ahí llegó la eficacia. Si van a una cárcel hay hacinamiento y si van para sus casas van para el delito. Lo que pasa es que en el segundo caso el estado escoge la más fácil y vergonzante y se evita una alimentación más de un reo.
Mientras tanto, entre las megas obras de infraestructura que se anuncian a cada momento no aparecen nuevas mega cárceles, pero si suntuosos gastos de los gobiernos de turno que por politiquería prefieren aumentar el egreso público y no fortalecer la seguridad ciudadana. Este tema, por supuesto, ya lo hemos tratado en estas columnas, pero es que se presenta tan extraordinariamente urgente y trascendental que debe convertirse en una obsesión del nuevo gobierno. Una reforma a la justicia que abrace muchos otros asuntos vitales, por supuesto, pero el de las casas por cárcel y los vencimientos de términos para tomar decisiones son profundamente sustanciales. Si no hay justicia no hay autoridad. Si no hay autoridad no hay seguridad. Si no hay seguridad todo falla, hasta los principios de vida.
