Al final de la misa, el padre permitió la entrada de dos individuos jóvenes que caminaban con muletas y mostraban la pérdida de una de sus piernas, víctimas de las minas quiebra patas. Quedamos todos conmovidos. Son víctimas, según la Ley, todas aquellas personas que hubieren sufrido un daño, como consecuencia de violaciones de los derechos humanos, ocurridas con posterioridad al 1 de enero de 1985, en el marco del conflicto armado (por ejemplo: homicidio, desaparición forzada, desplazamiento, violación sexual y otros delitos contra la libertad e integridad sexual, secuestro, despojo de tierras, minas antipersonal y otros métodos de guerra ilícitos, ataques contra la población civil y falsos positivos).

Las personas que sean incluidas en el Registro Único de Víctimas, tendrán derecho a recibir medidas especiales y preferentes de asistencia en materia de salud y educación, así como el acceso a un subsidio para cubrir los gastos funerarios de las personas que mueran como consecuencia del conflicto. Entonces, ¿por qué andan estos individuos en las calles mendigando las ayudas?

Más de siete millones en 52 años, 7.900.102, el número de víctimas que maneja el Registro Único de Víctimas (RUV), entre asesinatos, desapariciones, violaciones, torturados o desplazados, entre otras causas. Seguimos viviendo situaciones difíciles después de los continuos enfrentamientos armados o ataques a poblaciones indefensas. La pérdida de vidas y sus consecuencias, y el gasto en la atención de salud de este grupo de personas ha sido uno de los más altos y en algunos lugares el más elevado.

Después de la violencia, ¿qué otras patologías o enfermedades podemos agregar? Las enfermedades cardiovasculares serán más frecuentes en esta población, solo al aumentar el estrés, las infecciones, el cáncer, las enfermedades mentales y muchas más. A estas, agreguémosle las mismas de los demás miembros de las comunidades, en las que el porcentaje de la población pobre crece cada vez más con la violencia, últimamente no mueren solamente guerrilleros o paramilitares, sino también líderes sociales.

El Estado debe ser responsable de al menos tratar de reparar a las víctimas, pero todavía no se sabe exactamente cuántas son. Ahora agregamos a los miembros de la guerrilla y a las víctimas de un gobierno vecino, no tenemos un mapa que nos permita reorientar y colocar los recursos apropiados, y eso que no contamos a las personas afectadas por la cercanía con las víctimas, que también necesitan atención.

La población victimizada debe tener una historia clínica de todas sus afectaciones. La deuda debe ser saldada, el Gobierno que empieza tiene que iniciar una labor titánica para encontrar cómo mejorar la vida de esos compatriotas, y ahora también nuestros vecinos. Todos debemos estar listos para colaborar, sobre todo cuando estemos seguros de que se cuidarán y asignarán los recursos en forma honrada y equitativa.