En medio de las confusas investigaciones sobre la reventa de boletas de los partidos de la Selección Colombia, hay un enredo kafkiano en el que justos pueden pagar por pecadores. Reconocemos que nunca se habían dado averiguaciones sobre esta recurrente irregularidad que roza el código penal, da mil volteretas, pasa por las manos de los revendedores callejeros y golpea los bolsillos de los aficionados.
No solo se da en el fútbol profesional, como en el Mundial en Rusia, en donde los revendedores hacían su agosto en la cara de los rigurosos policías miembros de la severa militsiya, en plena Plaza Roja y en las puertas del Luzhniki de Moscú.
También ocurre en otros escenarios como en los exitosos e insuperables Juegos Centroamericanos y del Caribe, cuyo resultado positivo para Barranquilla es incalculable. Aquí los precios de las boletas para disfrutar los diferentes deportes estaban tasados en valores muy asequibles: desde $5 mil hasta $45 mil, en Home Preferencial en el ‘Édgar Rentería’. Pero los revendedores las ofrecían en las puertas de los estadios por el doble.
Es cierto que hay un perverso aprovechamiento de parte del revendedor en perjuicio del aficionado, pero ese es el menudo del negocio. El grueso está en otros ámbitos y por hechos como la reventa masiva de las entradas a los partidos del seleccionado nacional es que la Superintendencia de Industria y Comercio formuló cargos a la cúpula de la Federación Colombiana de Fútbol y a los socios de la empresa Ticket Ya. La investigación tiene como base pruebas aportadas por Ticketshop, una de las firmas involucradas.
Entre las pruebas hay chats y grabaciones que involucran a los beneficiarios de jugosos dividendos producto del desvío de 42.221 boletas a Ticket Ya con el presunto conocimiento de miembros de la Federación y la complicidad de Ticketshop. Un negocio que según la SIC dejó la bicoca de $21.800 millones de ganancias irregulares.
Pero hay una pieza suelta en este embrollo que puede dar lugar a dudas sobre el rigor de las investigaciones de algunos golpes de la SIC. Se trata de la espectacularidad con la que funcionarios de esa entidad entraron en septiembre pasado a la sede de la empresa barranquillera Tecnoglass, sindicaron a sus directivas de estar en el negocio del acaparamiento y reventa de boletas, y se llevaron computadores, documentos y celulares.
Días después todo fue devuelto, luego de que la compañía demostrara que había comprado un número de boletas para sus clientes y algunos de sus ejecutivos y proveedores, como lo hacen muchas compañías en el marco de relaciones públicas. El resultado de este descache de la SIC es una indagación preliminar de la Procuraduría contra las cabezas de la Superintendencia por su actuación sin medida judicial que soportara la cinematográfica diligencia. Que caigan los responsables del acaparamiento y reventa, desde los socios de las grandes empresas hasta los callejeros, pero que se actúe con justicia y rigor.
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