Mientras el país parece paralizado a la espera de entender cuáles serán las acciones del nuevo gobierno, en Colombia están pasando hechos históricos a los cuales no se les ha dado la atención e interés debido. Desde el mes de julio se ha conocido que la Fiscalía General de la Nación le hizo entrega a la Sala de Reconocimiento de verdad y responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), de un informe relativo al reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte del grupo armado, ahora desmovilizado, de las Farc. Dicho informe refiere a 4.219 investigaciones adelantadas por la comisión de hechos relativos al reclutamiento de 5.252 niños y niñas, durante el conflicto armado.

Es de suma importancia entender cuál será el mecanismo implementado por la JEP para conocer los crímenes que fueron cometidos por el grupo armado en relación a estos hechos, siempre que al tratarse de uno de los crímenes de guerra que más ha afectado el tejido social de las comunidades colombianas y que constituye una conducta que no puede ser objeto de indulto o amnistía de ninguna forma, tendrá que tener un tratamiento apegado a las disposiciones de derecho internacional humanitario y derecho penal internacional, bajo la observancia de las organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil.

Debemos recordar que Colombia se encuentra en examen preliminar ante la Corte Penal Internacional (CPI) desde junio de 2004, y que la Fiscalía de la CPI ha establecido que existe fundamento razonable para creer que en Colombia se han cometido crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, dentro de los cuales figura expresamente el reclutamiento, alistamiento y utilización de niños para participar activamente en las hostilidades. Ahora, si bien en esta etapa se debe empezar por establecer la responsabilidad de las Farc en la comisión de estos crímenes –responsabilidad que a todas luces es innegable–, también es necesario que desde la JEP se implementen alternativas de justicia restaurativa y medidas que permitan una reparación integral, que vaya desde garantías de no repetición hasta medidas de satisfacción.

Al respecto está claro que, tratándose de crímenes como el reclutamiento, no bastará con el reconocimiento de responsabilidad, sino que será necesario que la justicia sea ingeniosa para que efectivamente las Farc se comprometa a reparar a las víctimas, tanto individual como colectivamente, y que tal reparación esté enfocada en la construcción de paz territorial. Frente a los hechos cometidos por las Farc queda todo un camino por recorrer ante la justicia, en el cual los colombianos debemos estar atentos a que el reconocimiento de la verdad se traduzca en acciones reales para la consolidación de la paz.

@tatidangond