Durante muchos años, Colombia le dio la espalda a un patrón de violencia que ha marcado la historia de la guerra y la violación de derechos humanos en el país, como es el desplazamiento forzado. Solo hasta el 2004, cuando la Corte Constitucional declara el Estado de Cosas Inconstitucional, se reconoce por fin que el Estado colombiano tenía no solo una inmensa responsabilidad en establecer una política pública para reconocer los derechos de esta población, sino una situación absolutamente crítica para la dignidad humana en el país. No había claridad de cuántos desplazados había dejado el conflicto hasta la fecha, no se tenía un proceso efectivo que permitiera a los campesinos volver a sus tierras, como tampoco se habían destinado los recursos públicos necesarios.
Finalmente, todas las órdenes que la Corte le dio a la Nación se tradujeron en una verdadera política pública, como lo es la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que constituyó un paradigma para la reivindicación de los derechos y garantías de la población desplazada en Colombia. Asimismo, esto derivó en un mandato para la Acnur en Colombia, que permitió extender el entendimiento de las protecciones internacionales para los refugiados desde las nociones de desplazamiento en el orden nacional. Ahora, si bien Colombia tiene un Registro Único de Víctimas que ha permitido tener mayor claridad sobre la situación de desplazamiento, así como también ha habido avances notables en materia de restitución de tierras, lo cierto es que nos queda mucho camino por recorrer para lograr que por un lado se detenga el desplazamiento, y por otro se logre el goce efectivo de los derechos de las personas que se han desplazado por el conflicto.
Coincido con la postura de Acnur para Colombia, planteada por el Alto comisionado de la ONU para los refugiados, Filippo Grandi, quien sostiene que para restablecer los derechos de las personas desplazadas no basta con el enfoque rural que establece la Ley de Víctimas, y que también se reitera en el Acuerdo de Colón; sino que resulta necesario entender que para construir paz territorial se debe plantear una estrategia que permita a personas desplazadas que viven en zonas urbanas encontrar escenarios para tener una vida digna en las ciudades. Está claro que no podemos seguir en el error de creer que todos los desplazados quieren volver al campo después de tantos años lejos de sus tierras, como tampoco podemos pretender que una indemnización pecuniaria será suficiente para un restablecimiento efectivo de los derechos. Por eso es clave que miremos la reparación de víctimas de desplazamiento en términos de paz territorial y de vida digna, tanto en zonas urbanas como rurales.
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