Los resultados de la consulta anticorrupción dan cuenta de una ciudadanía que está aprendiendo a manifestarse mediante los mecanismos de participación ciudadana, pero que aún le queda un recorrido más largo para lograr que las expresiones de la sociedad civil logren permear efectivamente las decisiones que se adoptan en lo público. A pesar de que muchos políticos intentaron atribuirse el logro que representa como mandato político los resultados de la votación de los siete puntos sometidos a consulta popular, lo cierto es que esta consulta más que un movimiento político fue el resultado de que la sociedad, conformada por personas de diversas corrientes políticas, está cansada de que el transcurrir nacional siempre se vea empañado por el mal manejo de los recursos públicos. Esta votación es el reflejo de una sociedad que ha carecido de los mecanismos efectivos para hacer control, y que por fin logra utilizar el voto como una herramienta para exigir el cumplimiento de un mandato ciudadano.
Si se logran concretar algunos puntos de la consulta, como que la rendición de cuentas de congresistas sea constante, ya hemos logrado bastante, pero el camino hacia un Estado más transparente no termina en el Congreso ni en la contratación pública. Es necesario que la ciudadanía tenga alternativas para participar directamente en las decisiones que se toman tanto en el ámbito local como en el regional, escenarios que a pesar de haberse previsto en la Constitución y en la ley de participación ciudadana, no han tenido el efecto deseado siempre que todavía los ciudadanos no saben cómo utilizarlos.
A esto hay que sumarle que si Colombia quiere fortalecer una democracia participativa, debe entender nuevas dinámicas que permiten una mayor articulación entre la sociedad y las entidades del sector público, en las etapas de formulación e implementación de política pública.
Es contrario a la lógica y lesivo para la participación ciudadana que una consulta que tiene más votos que los obtenidos por el presidente para resultar electo no cumpla en la ley con mecanismos que permitan su cumplimiento. Estos hechos dan cuenta de la necesidad de replantear los escenarios de participación ciudadana, dándoles más peso y modernizándolos al siglo XXI.
En lo que se refiere a los logros concretos de la consulta, como lo anticipé en otra columna escrita hace unas semanas, la realidad es que en Colombia, si bien las reformas que se propusieron –y que ahora constituyen un mandato político– pueden contrarrestar algunas de las prácticas de corrupción que se han enquistado en la institucionalidad, es necesario que la ciudadanía además de ejercer un control y supervisión de los recursos de forma permanente, también entienda que hay actos de corrupción que empiezan con acciones que buscan hacerle el quite a ley bajo patrones de conducta graves que culturalmente han sido consideradas como de menor importancia.
@tatidangond
