El teatro Amira de la Rosa lleva cinco años con sus puertas cerradas, sin poder realizar espectáculos públicos ni cumplir con su función como epicentro de los grandes eventos culturales de Barranquilla. Nada se puede hacer, por ahora, para frenar o revertir el deterioro de su infraestructura física.
Misma suerte ha corrido la sede de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del Atlántico, que completó tres años esperando ser intervenida para su recuperación.
La razón es que por ser bienes de interés cultural (BIC), bajo la protección del Ministerio de Cultura, se han tenido que cumplir unos estrictos procesos técnicos de evaluación y planificación para poder proceder con las obras de intervención para restaurar estos importantes escenarios culturales ubicados en la capital del Atlántico y que hacen parte de la lista de bienes declarados BIC del ámbito nacional del ministerio.
Esta introducción es necesaria, como referentes cercanos, solo para preguntarnos: ¿Cómo es posible que un bien de interés cultural, como una de las murallas de Cartagena, haya sido pintado, a la vista de todos, y ninguna alerta se haya generado o una rápida reacción de las autoridades para impedir semejante despropósito y atentado contra el patrimonio de la Nación?
No estamos hablando de un bien inmueble menor, estamos hablando del Fuerte de San Sebastián del Pastelillo, que hace parte de un complejo de murallas con un excelso valor histórico para Colombia, por lo que representaron y por el atractivo turístico internacional que identifica al país.
Estas murallas le merecieron a Cartagena de Indias la declaración de Patrimonio Histórico de la Humanidad por la Unesco en noviembre de 1984, siendo el primer lugar colombiano en entrar a formar parte de la Lista del Patrimonio Mundial Cultural y Natural.
Cómo es que un activo patrimonial tan importante para el país pueda ser dañado de semejante forma y ponerlo en riesgo, bajo la administración de un privado, el Club de Pesca, que se escuda en un “error” de un contratista que le puso pintura antihongos a una estructura centenaria, según la respuesta de la gerencia del lugar. Esta misma que ordenó el ‘arreglo’ ramplonamente, sin tramitar un solo permiso antes las autoridades competentes. ¡Increíble!
El daño está hecho y ahora toca remediarlo. La ministra de Cultura se desplazó ayer hasta La Heroica, y tras reunirse con el alcalde William Dau y el Instituto de Patrimonio y Cultura, anunció el plan de intervención a seguir que comenzará esta misma semana, según informó, al tiempo que continuará el trámite administrativo sancionatorio.
Más allá de la actuación posterior que ahora está haciendo el Mincultura, es imprescindible revisar qué puede hacer, en conjunto con las autoridades locales, para evitar que esta afrenta al patrimonio nacional vuelva a ocurrir. Lo sucedido en Cartagena es un campanazo de alerta que dejó en evidencia el poco aprecio y respeto por la historia y los recursos patrimoniales del país. Se requieren acciones más intensas para lograr el cometido de empoderar a las comunidades en el compromiso de salvaguardar y proteger los bienes y manifestaciones que hacen parte de nuestra historia, que nos pertenecen y que son piezas claves para el desarrollo social y también económico de nuestros territorios.
