Dado el desprecio de Petro por la infraestructura, y particularmente por el modelo concesional vial, pareciera que, al igual que ha sucedido con el sector salud y las EPS, la consigna fuese “ahogar por falta de caja” a los concesionarios y de esta forma obligar a que los contratos se terminen anticipadamente y que el Invías asuma la gestión, mantenimiento y operación de toda la red vial nacional, sin importar las cuantiosas demandas en contra de la nación y la calamitosa estatización del manejo de la infraestructura de transporte del país.
La cruda realidad es que el sector no levanta cabeza. La situación de peajes existentes y nuevos sigue sin resolverse, la idea de la valorización como fuente de financiación tampoco despega ni despegará y, para colmo, siguiendo el refrán de “ni raja ni presta el hacha”, el Gobierno intentó atravesarse a los proyectos de infraestructura de Bogotá, por fortuna aprobados en el Plan de Desarrollo.
Comencemos por el tema de los peajes. Bueno es recordar que los contratos de concesión claramente establecen que las tarifas de peajes serán actualizadas el 16 de enero de cada año, conforme al IPC. El 15 de enero de 2023 este gobierno expidió el Decreto 050, que “congeló” el valor de los peajes. Así decidió intervenir unilateralmente los contratos, generando onerosos compromisos económicos no previstos en contra de la nación. Destacar que todos los contratos de concesión establecen que la ANI asume los efectos desfavorables de modificaciones a las tarifas previstas en la resolución de peaje y, en general, cualquier cambio en la estructura tarifaria. A partir de este arbitrario hecho, ni la ANI ni el Invías pudieron incrementar en 2023 las tarifas pactadas contractualmente.
Tan solo un año después, el 15 de enero de 2024, el Ministerio de Transporte expidió la resolución por la que se incrementan las tarifas, con la salvedad de que solo fue aplicable para el desfase tarifario del año 2022 (13,16 %) y dejando pendiente el ajuste correspondiente al año 2023 (9,28 %), el cual a esta fecha aún no se autoriza y sigue generando desequilibrio económico para todos los contratos de concesión y, más grave aún, para los de iniciativa privada (IP) que, por no tener aporte de recursos públicos, no pueden recibir dineros del Fondo de Compensación de Riesgos del Contrato.
Pero lo peor es que ni a la ANI ni al Ministerio de Transporte parece importarles que, vía demandas, la nación está expuesta a tener que reconocer a los concesionarios un valor resarcitorio que podría llegar a los 10 billones, o dar por terminados los contratos anticipadamente, máxime cuando tampoco se han autorizado los incrementos tarifarios contractuales para los proyectos terminados luego de la expedición del decreto de congelamiento (Pamplona-Cúcuta y Neiva-Espinal-Giradot), al igual que en las privadas vías del Nus y Antioquia-Bolívar.
Igualmente, grave es que por falta de autoridad se ha hecho imposible en otras vías instalar o cobrar los peajes pactados contractualmente, dando lugar también a numerosas demandas en contra de la ANI en casos como Girardot-Cajamarca, Perimetral de Oriente, Autopistas del Caribe y Santa Marta-Paraguachón.
La Cámara Colombiana de la Infraestructura ha hecho múltiples propuestas al Gobierno que permitirían la reactivación del sector y la solución de muchos de los gravísimos problemas que enfrenta. Entre ellas, hacer el segundo incremento prometido de los peajes, acelerar los trámites ambientales de varios proyectos; resolver la problemática técnica y financiera de 3 corredores viales estratégicos: Quibdó-Medellín, Pasto-Popayán y Bogotá-Villavicencio; precisar en términos concretos, de tiempo y cuantía, el alcance de la inversión prevista en los llamados ‘Caminos comunitarios para la paz total’ y honrar los compromisos soberanos de las vigencias futuras del sector. Desafortunadamente creo que ninguna de estas ideas será acogida por el Gobierno.
Así va colapsando el gran esfuerzo por modernizar la infraestructura del país, y pudiendo ser este un sector clave para dar impulso al crecimiento y la reactivación económica, como bien se señaló en la Convención Bancaria, seguirá postrado por causa de inútiles controversias y costosos litigios en lo que resta de este gobierno.
