En las conversaciones que hemos sostenido con el arquitecto Daniel Sarabia Mancini, gerente de urbanismo e infraestructura del Negocio de Desarrollo Urbano del Grupo Argos, nos ha dicho que una de las reconsideraciones reflexivas que ha hecho ese conglomerado es asumir el financiamiento del 50% del puente sobre la Circunvalar (en la intersección de la carrera 20 de Puerto Colombia con la carrera 65 que en realidad es 65A de Barranquilla). El otro 50%, según Sarabia, debe surgir de la concurrencia de la Gobernación del Atlántico, la Alcaldía de Barranquilla y la Alcaldía de Puerto Colombia. Y el financiamiento, al parecer, provendría de un crédito de Findeter.

El puente no es un obsequio de Argos. “Desarrollo concertado” se llama esto, según el artículo 64 del PBOT de Puerto Colombia. Contribuirá a recoger los considerables nuevos flujos vehiculares que va a generar Ciudad Mallorquín. En la intersección de la Circunvalar no pueden colocar un vergonzoso semáforo como en la calle 100 con Olaya Herrera.

De conformidad con las recomendaciones del estudio de movilidad del Plan Parcial de Ciudad Mallorquín, adoptado a través del Decreto 359 del 29 de diciembre de 2020 por el exalcalde de Puerto Colombia, Wilman Vargas Altahona, este puente debía estar en funcionamiento para el 2032. Es decir, 12 años después de aprobado el Plan Parcial.

Sin embargo, pareciera que la intención es empezar a construir ese puente y ponerlo en funcionamiento antes de 2032. La carrera 20 contempla una red de ciclorrutas. Habrá que ver cómo se diseña y construye. Ojalá no sea una reedición mezquina de las ciclorrutas de Barranquilla. En esta carrera 20 debería prolongarse la avenida Tajamares. Mejoraría más la movilidad.

Creo que la construcción anticipada del puente sobre la Circunvalar será la consecuencia del impacto del debate público que ha desatado esta problemática urbana con infartantes consecuencias en movilidad y marcas letales en la naturaleza.

El caso reciente más dramático es Alameda del Río, una urbanización donde habitan unas 100 mil personas. Allí, los constructores primero hicieron sus torres y después que fueron pobladas sobrevinieron los enormes desordenes de tráfico que obligaron a la Alcaldía de Barranquilla a plantearse la construcción de un intercambiador vial actualmente en marcha.

La lección que nos están dejando estos proyectos inmobiliarios es que las Alcaldías de Barranquilla y Puerto Colombia, la CRA y la Triple A no pueden seguir aprobando planes parciales, otorgando concertaciones ambientales y concediendo disponibilidades en servicios públicos domiciliarios de manera irresponsable.