¡Cada uno tiene lo que se merece! Es una frase popular que he escuchado desde que tengo uso de razón.
Los altos costos de los servicios de energía que estamos asumiendo los usuarios del Caribe colombiano, me hace reflexionar sobre la prestación de los servicios públicos domiciliarios, recordando que la constitución política establece unas condiciones especiales para el manejo, la prestación, la calidad y las tarifas de los servicios públicos domiciliarios, en este sentido: “es inherente a la finalidad del Estado, siendo deber del Estado asegurar la prestación eficiente a todos los habitantes. La ley fijará las competencias y responsabilidades relativas a la prestación de los servicios públicos domiciliarios, su cobertura, calidad y el régimen tarifario que tendrá en cuenta, además de los criterios de costos, los de solidaridad”.
Esta retórica plasmada en la constitución es letra muerta, una expectativa que no se materializa y contrasta con la realidad. Desde hace muchos años en la costa caribe colombiana recibimos servicios públicos de mala calidad a un alto costo. ¿Quién no ha tenido que afrontar un electrodoméstico quemado por las variaciones de la energía? ¿Quién no ha tenido que pasar horas y algunas veces días sin servicio de energía por un daño que no pueden solucionar de manera oportuna, o racionamientos sin recibir justificación alguna? El Estado no ha prestado atención especial al tema de los servicios públicos en el Caribe colombiano, especialmente al suministro de energía eléctrica. A pesar de estar plasmado en la constitución como un fin esencial del Estado, servir a la comunidad y promover el bienestar general, el Estado da la espalda a la sociedad cuando se trata de poner en cintura a los prestadores de servicios públicos. ¿Qué decir de los empresarios que tienen que pagar tarifas astronómicas o de las familias de estratos bajos que reciben cobros por la energía consumida que superan los ingresos, haciendo impagables las facturas? Todo se debe a que de una u otra forma, nos merecemos pasar por estas angustias, abusos y atropellos, somos los únicos culpables. Como pueblo, tenemos el poder soberano para elegir y ser elegidos, lamentablemente lo hacemos mal. Los alcaldes, gobernadores y congresistas escogidos por el pueblo para gobernar y legislar están tan ocupados en otros asuntos que no le dan importancia al bienestar del pueblo que los eligió. Por eso digo que no tenemos derecho a quejarnos por el cobro exagerado de los servicios públicos, porque tenemos lo que nos merecemos.
