En Colombia, hemos normalizado tanto el abandono del Estado hacia la niñez que ver a un niño o una niña vendiendo bolsas de basura o frutas en las calles, en plena jornada escolar, se ha convertido en parte del paisaje. Nadie se sorprende y para pocos parece ser una prioridad. En un país como Colombia, donde cada día surge una noticia más difícil de procesar que la anterior, suele caerse en la llamada “tiranía de lo urgente”, donde el Estado se dedica exclusivamente a apagar incendios, muchas veces autoprovocados, olvidando su deber de atender lo importante.
La situación de la niñez en Colombia tiene el doble rasgo de ser tanto urgente como importante y, aun así, sufre de la indiferencia de la ciudadanía y de las instituciones que tienen la obligación de enfocarse en su bienestar.
En el país, 7.2 millones de niños viven en situación de pobreza monetaria y 3 millones de ellos en pobreza extrema, lo que significa que no pueden cubrir sus necesidades más básicas. Solo en 2023, más de 377 niños murieron por desnutrición en Colombia, lo que se traduce en al menos un niño menor de 5 años muriendo de hambre cada día. Si esta realidad no nos moviliza como nación, si no existe un consenso para salvar a los niños de Colombia, difícilmente algo lo hará.
Desde una perspectiva regional, el Caribe representa el mayor desafío en cuanto a la atención de este grupo de especial protección constitucional. La Guajira lidera el índice de inseguridad alimentaria en el país, con un 59,7 % de su población afectada, seguida por Sucre (47,9 %), Atlántico (46,1 %), Magdalena (45,3 %) y Chocó (43,2 %).
Legalmente, todas las condiciones están dadas para que la niñez sea atendida en Colombia como corresponde, desde la Constitución, pasando por las leyes, hasta la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que identifica a los niños como un grupo de especial protección. Sin embargo, existe una falta de voluntad política para que las entidades, tanto a nivel territorial como nacional, respondan efectivamente a las necesidades de los niños y niñas, tanto en zonas urbanas como rurales.
El diagnóstico es claro: los niños y niñas en Colombia sufren de inseguridad alimentaria, de cada 100 niños que se matriculan en primero de primaria, solo 44 logran graduarse, y quienes permanecen en el sistema educativo muestran un bajo rendimiento en evaluaciones estandarizadas como las pruebas PISA.
Para muchos políticos, hablar de la niñez como el futuro de Colombia se ha vuelto repetitivo. Sin embargo, hasta que no se superen estas cifras y esta alarmante realidad, el tema no debería desaparecer de la agenda prioritaria de ningún gobierno. Desde el Caribe, debe existir un mayor compromiso territorial para abordar esta problemática, sin esperar que desde el ámbito nacional se resuelva algo que también tiene soluciones desde lo local.
@tatidangond
