Desde la aprobación del Decreto 444 en 1967, nunca se le ha negado un presupuesto al gobierno. Eso sí, cuando las comisiones económicas rechazan el monto del presupuesto, debe interpretarse como un mensaje en contra de la reforma tributaria. Cuando un gobierno quiere aumentar impuestos, agiliza el trámite si presenta una ley de financiación en el marco de un presupuesto desfinanciado, lo que da un mensaje de urgencia y vincularla a las comisiones IV. Existe consenso en que un incremento de impuestos desaceleraría aún más la economía. Además, aunque la poesía presupuestal es valiosa, con una ejecución de la inversión de solo el 35.7% en agosto, no es claro el uso de los recursos. Lo mejor sería, como dice el Congreso, recortar el presupuesto en $12 billones y no hacer tributaria.
Claro, la reforma tiene dulces que ameritarían destacarse en otra columna: una reducción de impuesto de renta corporativa, la mejora del precio base del carbono y la posibilidad de transar beneficios tributarios de inversión en renovables. Sin embargo, incomoda el aplazamiento de la entrada en vigencia de la regla fiscal, lo cual abre espacio a un déficit adicional de $5 billones. La reforma no se necesitaría si el gobierno hubiera tomado decisiones acertadas en materia de gasto. Tampoco lo sería si no se hubiera empecinado en espantar la inversión privada, problema que agrava en el texto propuesto. No existe ningún choque externo que justifique la reforma, todo es daño auto infligido.
Es cierto que el gobierno Duque dejó a Petro con dos bombas fiscales: el ajuste del plan de beneficios de salud y los subsidios a los combustibles. En el primer caso, al final de su mandato, Duque amplió los beneficios de salud sin tomar en cuenta la sostenibilidad financiera del sistema, solo los deseos de mejorarlo. Sin que estuviera el adulto responsable en la conversación, Min Hacienda, desestabilizó el sector. El afán del gobierno Petro de reformar el sistema agravó el problema, ya que cada vez que interviene una EPS, le toca asumir sus pérdidas. Esto le puede costar $12 billones.
En el tema de combustibles, el gobierno tuvo la oportunidad de corregir la política desde el principio, pero solo lo hizo para la gasolina. La corrección del diésel, la dejó para después de las elecciones regionales por razones políticas, donde de todas maneras el partido de gobierno tuvo el peor resultado en la historia del país. Apenas trató de hacer el ajuste, el gobierno se asustó con los paros y claudicó. El subsidio al diésel, junto con la congelación de los peajes y el subsidio del SOAT, suma unos $16 billones. Estos subsidios están mal focalizados y contaminan, existen mejores usos para esos recursos, uno de ellos es no hacer una reforma tributaria.
El daño contra el ambiente de inversión ha sido ampliamente discutido en estas columnas. Resumen: la inversión como porcentaje del PIB es la más baja en 20 años. Repito, todos estos daños son autogoles del gobierno. En sectores como energía o vivienda, donde no era necesario intervenir, todos los cambios hicieron daño. Hay tanto gordo para recortar que no tiene sentido subir impuestos. Igual, este presupuesto ya se hundió legalmente hablando. Y la plata que hay, ni siquiera se ejecuta, no es el momento para una reforma tributaria.
