Esta semana, un video viral de Medellín ha vuelto a poner sobre la mesa una discusión urgente: la discriminación en espacios públicos. En el video, unos influenciadores denuncian que un vigilante le negó el acceso a una zona pública debido a la vestimenta de una joven.
El fondo es que, este caso se desarrolla en una vía pública, lo que nos hace preguntarnos si este guardia de seguridad tendría razón si hubiera sido en un espacio privado. Lo cierto es que, aunque los negocios privados tienen la facultad de imponer ciertas normas dentro de sus instalaciones, no deben ser escenarios utilizados para la discriminación y la violación de los derechos a la igualdad, a la libertad de expresión y de circulación.
Ante el escándalo, la Alcaldía de Medellín ya se pronunció, manifestando que la actuación del vigilante fue completamente desbordada y fuera de lugar. Además, expresó su respaldo a la joven afectada, reafirmando que ni en espacios públicos ni en aquellos de acceso abierto al público se debe tolerar la discriminación por la apariencia o la vestimenta de una persona.
El caso pone en evidencia un dilema que hemos visto repetirse en Colombia: la confusión entre espacios privados y públicos, y la asunción de poder que ciertos establecimientos o individuos creen tener sobre las personas que transitan cerca de sus propiedades. No es raro encontrar zonas de Medellín o de otras ciudades del país donde ciertas normas de etiqueta, muchas veces arbitrarias, se utilizan para restringir el acceso a las personas en función de cómo visten, pero eso no puede ser aceptado.
El derecho a vestirse como cada persona lo desee, sin ser juzgado ni discriminado, es una expresión de la libertad individual que debe ser protegida. Más grave aún es cuando este tipo de restricciones recaen de manera desproporcionada sobre las mujeres, quienes son juzgadas con más dureza por su apariencia o vestimenta.
Además, la existencia de estas prácticas en espacios abiertos al público sienta un precedente peligroso. La calle, los parques, las plazas, y cualquier espacio de tránsito público son de todos y para todos. No podemos permitir que empresas de seguridad privada o comercios impongan reglas que atenten contra los derechos fundamentales, transformando áreas que deberían ser inclusivas en zonas de segregación.
Las autoridades deben estar alertas para evitar que normas impuestas desde lo privado invadan lo público, y que, bajo ninguna circunstancia, la apariencia de una persona sea motivo para coartar su derecho a transitar libremente. La Alcaldía ha sentado una postura clara, ahora queda que la sociedad en su conjunto rechace este tipo de actos discriminatorios en cualquier espacio.
