El gobierno presentó recientemente un proyecto de ley para la creación de una Agencia de Seguridad Digital y Asuntos Espaciales, asignándole dos competencias que, a simple vista, tienen poca relación entre sí. Sin embargo, el aspecto más preocupante del proyecto es la facultad que se le otorgaría a esta entidad, confiriéndole al gobierno un control amplio sobre el ciberespacio en el país. Esto plantea serios cuestionamientos sobre el alcance de dicho control. A pesar de esto, no se discute la necesidad de fortalecer la seguridad digital, especialmente la protección de las entidades del Estado, que, al igual que en el resto del mundo, son vulnerables a ciberataques que pueden comprometer el adecuado funcionamiento del gobierno.
El proyecto, no obstante, requiere modificaciones para ser útil y generar la confianza que un tema tan delicado exige. El primer error es la decisión de que esta nueva entidad dependa del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE). Esto es problemático dado que ya existe una entidad dentro del Ejecutivo, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que por su naturaleza debe ser responsable de la política digital en Colombia, incluida la seguridad digital.
Aunque es crucial que exista una entidad con recursos propios para garantizar la seguridad digital del país, por razones de independencia y para evitar suspicacias sobre la concentración de poder en la Presidencia, sería más lógico que no dependiera directamente del DAPRE. Además, desde un criterio de especialización, si se busca una agencia eficiente, no tiene sentido asignarle dos funciones tan dispares, lo que inevitablemente crearía problemas de gestión administrativa.
El aspecto que ha generado mayor preocupación se refiere a un numeral del proyecto de ley que establece la posibilidad de suspender actividades en el ciberespacio como respuesta a un ataque que afecte la soberanía nacional, el ecosistema digital y la economía, en coordinación con el Ministerio de Defensa. Esta disposición es preocupante, ya que no define con claridad los límites ni los escenarios específicos en los que se aplicaría dicha suspensión. Los términos “soberanía nacional”, “ecosistema digital” y “economía” son demasiado amplios, lo que dejaría a discreción de esta nueva entidad, completamente controlada por el gobierno, decidir las condiciones para suspender actividades en el ciberespacio.
De aprobarse este proyecto tal como está, se pondrían en riesgo libertades digitales fundamentales para la democracia, que hoy en día son esenciales para el ejercicio del control ciudadano. Se espera que el Congreso realice una revisión cuidadosa para introducir los cambios necesarios y avanzar en este tema crítico con prudencia, asegurando los controles adecuados.
