La reforma laboral propuesta por el gobierno colombiano sigue levantando preocupaciones en distintos sectores. Aunque su objetivo de garantizar mayores derechos a los trabajadores es loable, las implicaciones para la estructura productiva del país pueden tener efectos adversos que no deben ignorarse.
Uno de los puntos más polémicos es la responsabilidad solidaria entre contratistas y subcontratistas, que obliga a los empresarios a asumir compromisos que exceden sus propias relaciones laborales. Esta medida, aunque busca proteger a los trabajadores de abusos, puede generar un freno en la contratación de empresas pequeñas e independientes, especialmente en sectores como la construcción y los servicios. En lugar de imponer cargas desproporcionadas a las empresas, sería más productivo desarrollar un marco regulatorio que asegure condiciones justas de trabajo y, al mismo tiempo, preserve la competitividad de las empresas.
La automatización es otro aspecto donde la reforma parece desconectada de la realidad productiva. Imponer a las empresas la obligación de reubicar o reconvertir a los trabajadores afectados por la automatización desincentiva la inversión en tecnologías que, irónicamente, son clave para mejorar la productividad en Colombia. En lugar de penalizar la innovación, el gobierno debería fomentar programas más efectivos de formación y reconversión laboral, vinculando las iniciativas del SENA con las necesidades tecnológicas de las empresas.
Además, las modificaciones a los contratos a término fijo pueden afectar negativamente la flexibilidad que requieren las empresas, especialmente las microempresas que operan con márgenes ajustados y enfrentan incertidumbres económicas. Limitar las renovaciones de contratos introduce rigidez en el mercado laboral, lo que puede frenar el crecimiento de estas empresas y reducir sus incentivos para contratar. Es necesario un enfoque más equilibrado que contemple incentivos para la contratación formal, respetando las dinámicas del mercado laboral colombiano, en el que la informalidad sigue siendo un reto estructural.
En resumen, la reforma laboral parece apostar por la rigidez antes que por la competitividad. Si bien es necesaria una mayor protección de los derechos laborales, el gobierno debe encontrar un balance que no imponga cargas excesivas sobre las empresas, especialmente en momentos de incertidumbre económica. El enfoque debería centrarse en la formalización del empleo, la generación de puestos de trabajo, la innovación y el desarrollo productivo del país.
* Directora ejecutiva Corporación Lonja de Propiedad Raíz de Barranquilla.
